La reforma tributaria pretende aplicarse para obtener los recursos que demandará la reforma educacional, pero, al mismo tiempo, se ha presentado como un mecanismo que, en sí mismo, contribuya a reducir la desigualdad.
En ese marco, en el de emparejar la cancha, debiera instalarse el debate sobre regular la fecha de pago por parte de las grandes empresas a sus proveedores.
Hace no tantos años, unos 20, era una práctica habitual que las grandes empresas del retail, los supermercados y otros pagaran a sus proveedores en 30 días.
Hoy, es normal que un pequeño proveedor reciba el pago por sus mercaderías que entregó a un supermercado en 90 días y más. Ese pequeño proveedor no tiene derecho a reclamo. Es tan grande la desproporción con su comprador, que debe quedarse callado.
Detrás de todo esto, aparte del abuso evidente, hay una cuestión también económica. Por al menos dos décadas, esas grandes empresas han capitalizado, han crecido, también a costa de esas platas que no eran suyas.
Nadie ha calculado cuánto capital han acumulado esas grandes empresas supermercadistas, del retail y otras, gracias a ese abuso, a ese secuestro de un dinero que no les pertenecía, por un lapso determinado, durante el cual ese dinero rentó a quien, de verdad, no era su propietario.
Una ley que, simplemente, obligue a pagar en 30 días es absolutamente necesaria.