Ante la presencia de organizaciones ciudadanas y ambientales de Los Ríos, el Consejo Científico y Social expuso las principales medidas de reparación del humedal del río Cruces, establecidas por el Primer Juzgado Civil de Valdivia en contra de Celulosa Arauco.
En la oportunidad el organismo multisectorial encargado de orientar el diseño de cuatro de las seis medidas reparatorias establecidas en la condena, expuso el avance de cada una de ellas y la forma en que se trabajará para cumplir con los plazos requeridos por la justicia.
También se dio a conocer la metodología del diseño para el programa de desarrollo comunitario, incluido en el punto número cinco de las medidas reparatorias, el que considera la opinión de las organizaciones comunitarias para llevarlo a cabo, como lo explicó el Secretario Ejecutivo del Consejo, Pío Infante.
Uno de los expositores fue el abogado del Consejo de Defensa del Estado, Natalio Vodanovic, quien junto con hacer una cronología de los hechos que terminaron por responsabilizar a Celulosa Arauco de la contaminación, sostuvo que se trató de una contienda judicial inédita porque además de la contaminación misma, afectaba a las comunidades aledañas al humedal.
Juan Anzieta, representante de la empresa, reconoció que las acciones judiciales le sirvió a la compañía para entender que la ciudadanía exigía que Celulosa Arauco asumiera su responsabilidad con lo ocurrido.
José Araya, integrante de Acción por los Cisnes ,señaló que si bien es un hecho histórico este fallo judicial, es necesario que además que el Estado reconozca y repare el daño causado al autorizar este proyecto, motivo por el cual exigirán se restituyan los más de dos mil millones de pesos sean reinvertidas en la región.
Para llevar a cabo esta petición, las diversas organizaciones firmarán un documento que entregarán en el Ministerio de Hacienda.
Pedro Guerra dirigente mapuche de Tralcao, señaló que es necesario que la empresa además de la reparación económica, pida perdón.
Cabe indicar que en el caso del programa de desarrollo comunitario existe un presupuesto de 2 600 millones de pesos, según acuerdo entre la empresa demandada y el Consejo de Defensa del Estado, monto que se equipara a la indemnización al Estado correspondiente a las medidas de la sentencia judicial y que debe estar diseñada en el primer semestre de este año.
