Luego de haber fracasado este jueves el intento de diálogo sobre el conflicto generado por un polémico proyecto de ley minera entre el Gobierno y los miles de mineros que están paralizados, estos decidieron cortar las rutas más importantes en cinco de los nueve departamentos de Bolivia.

La reunión citada para este jueves tuvo dificultades, debido a la falta de espacio físico para albergar a un número de delegados mineros mayor al pactado con el gobierno, que excedía la capacidad del local donde ocurrió el encuentro.

Al respecto, el líder del sector, Alejandro Santos anunció que “nos estamos replegando a los puntos de bloqueo para masificarlos, llevaremos incluso a nuestras esposas e hijos”, quien además denunció que “no hay buena voluntad del gobierno” por instalar una mesa de diálogo.

En este sentido, el ministro de Interior del Gobierno, Carlos Romero, acusó de su lado a los mineros de utilizar “un problema de coordinación administrativa para justificar el abandono del diálogo”.

Mientras las negociaciones se dilataban, los cortes de rutas persisten este jueves en varios puntos del país. Previamente, los mineros abrieron por unas cuatro horas el paso al tráfico “por razones humanitarias para que los pasajeros, mujeres y niños no pasen hambre y frío”, según Santos.

Ante el nuevo giro, “vamos a mandar una comunicación formal convocándolos a dialogar”, anunció Romero, para quien “no parece haber interés de parte de los dirigentes de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) para realmente viabilizar un diálogo”.

Romero confirmó que permanecen bloqueadas las carreteras Potosí-Oruro (sudeste), La Paz-Oruro (oeste), Oruro-Cochabamba (centro) y Santa Cruz-Trinidad (noreste), además de la vía que comunica La Paz con el norte del país.

Los cooperativistas mineros exigen que sea respetado un texto consensuado de la ley minera que beneficia al sector y cuyo contenido fue observado por la Cámara de Diputados para facilitar el diálogo, las autoridades suspendieron momentáneamente el tratamiento de la norma en el Congreso.

El conflicto ha provocado hasta ahora dos muertes en enfrentamientos con la policía, a pesar de que las cooperativas mineras son aliadas del presidente Evo Morales, que este año busca la reelección.

El sector había acordado con las autoridades una ley que les otorga beneficios tributarios como la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el pago de solo 1% como impuesto directo a su actividad.

La minería es la segunda actividad económica en importancia en Bolivia, después de los hidrocarburos.