Una particular figura fue utilizada por la Fiscalía de Talcahuano para sobreseer a los directivos de Huachipato formalizados por la muerte de tres trabajadores. El Ministerio Público incluyó en el acuerdo reparatorio por 550 millones de pesos, que puso fin a la causa, 330 millones que la siderúrgica pagó en el marco de una demanda tramitada por el Segundo Juzgado Civil porteño.
Ayer miércoles el fiscal Julián Muñoz confirmó que el pago de 565 millones de pesos a las familias de las víctimas permitió solicitar al juez de Garantía, José Burgos, el sobreseimiento de la investigación contra los cinco jefes de CAP Huachipato responsables de tres cuasidelitos de homicidios, ocurridos el año 2008.
Sin embargo, en documentos obtenidos por Radio Bío Bío se evidencia que el grueso de esos dineros -330 millones de pesos- corresponden a una indemnización decretada en el marco de la demanda civil que se tramitó en el Segundo Juzgado Civil de Talcahuano y que Huachipato canceló a la esposa e hija de la víctima Pablo Mendoza Hidalgo.
Es decir, el pago no fue como resultado de un acuerdo, a diferencia de los 235 millones de pesos cancelados a los familiares de los otros dos trabajadores muertos en el área de acería, Francisco Nocetti y Jaime Sandoval.
Incluso, el abogado Marcelo Sandoval, quien logró los 330 millones de pesos para sus clientes, rechazó la salida que terminó en el sobreseimiento de los ejecutivos de Huachipato, señalando en un escrito al Tribunal de Garantía que no aceptaba el acuerdo reparatorio, aunque se desistía de la querella criminal.
Abogados y jueces consultados calificaron como cuestionable que se permitiera incorporar en un acuerdo reparatorio una indemnización obtenida en una causa civil y no dentro del proceso penal, permitiendo así el sobreseimiento de los ejecutivos Rodrigo Espinoza Henríquez, Francisco Sáez Concha, Juan Martínez Muñoz y Roberto Bancalari Molina, quienes estaban formalizados por el cuasidelito de homicidio de los tres trabajadores.
