Grande era la expectación por conocer los informes financieros de las instituciones de educación superior, correspondientes al año 2012, más aún cuando siguen pendientes los resultados de las investigaciones administrativas que inició el Ministerio de Educación en contra de la Uniacc y la Universidad Pedro de Valdivia, por eventual lucro.

En la ocasión sólo se entregaron antecedentes generales de los estados financieros de las 163 instituciones que conforman el sistema, de las cuales cuatro no lo hicieron, iniciándose un proceso administrativo en contra de la Universidad del Mar, el Instituto Profesional Campus y los Centros de Formación Técnica Cenco y Laplace.

En resumen, durante el año pasado el sistema de educación superior tuvo ingresos por 6 mil 230 millones de dólares, atendiendo a más de un millón 100 mil estudiantes, mientras que la inversión total por subvención alcanzó los 5 mil 984 millones de dólares, para 3,3 millones de alumnos, con un promedio anual de 907 mil pesos por estudiante.

Sin embargo, este primer informe no da cuenta del detalle de las transacciones con empresas relacionadas que tienen las instituciones de educación superior, justo en el momento en que la Comisión Nacional de Acreditación decidió no acreditar a la Universidad de Las Américas, del grupo internacional Laurent, entre otros motivos, porque los evaluadores no tuvieron acceso a este tipo de contratos, los cuales según la ministra de Educación, Carolina Schmidt, no se han solicitado, pese a que la cartera está estudiando los antecedentes para ver si amerita o no iniciar una investigación administrativa.

Si bien desde el Ministerio de Educación valoraron la importancia de transparentar las cifras, de manera que los estudiantes cuenten con toda la información al momento de sus postulaciones, es la misma cartera la que entraba la situación, al seguir postergando la entrega de los resultados de las investigaciones administrativas en contra de la Uniacc y la Universidad Pedro de Valdivia, a pesar que las indagaciones ya concluyeron.

El subsecretario de Educación, Fernando Rojas, quien debe firmar estos documentos, evitó entregar mayores detalles de estas investigaciones.

Resultados que según publicó en exclusiva el lunes pasado Radio Bío Bío, serán remitidos a la fiscalía, luego que se detectarán serias irregularidades.

Respecto a los informes financieros, el estado transfiere anualmente dos millones de pesos por alumno que pertenece a las universidades del Consejo de Rectores, que para el caso de los planteles privados llega a 470 mil pesos y de 250 mil para Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales.

En cuanto a las universidades que reciben mayores ingresos por parte del Estado, este es liderado por la Universidad de Chile con 110 mil 943 millones de pesos, seguida de la Católica con 60 mil 369 millones y la Universidad de Concepción, con 59 mil 220 millones de pesos.

Entre las conclusiones a las que llegó el Ministerio, está que el costo de la educación superior es caro para la realidad del país, por lo que se debe revisar la duración de las carreras, además de aprobar un sistema único de financiamiento, revisando los actuales aranceles de referencia, ya que el 84 por ciento de los alumnos estudia en una institución privada, junto con un nuevo sistema de acreditación y una superintendencia de Educación Superior.