Dirigentes gremiales de la mediana y pequeña empresa y autoridades políticas de la Alianza y la oposición destacaron el llamado realizado por el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Andrés Santa Cruz, de estudiar sanciones penales para las malas prácticas en los negocios.

“No podemos aceptar que la conducta de unos pocos ponga en tela de juicio el actuar de la gran mayoría de los empresarios de Chile”.

Con esta declaración, Andrés Santa Cruz, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) justificó esta apertura a evaluar penas de cárcel para las malas prácticas en los negocios, justo cuando esta actividad está en la mira debido al “Caso Cascadas”.

Apertura que fue valorada por Juan Araya, ex presidente de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, indicó que hay personas que generan riqueza de mala forma y no reciben ninguna sanción.

Palabras a las que se sumó Roberto Fantuzzi, presidente de la Asociación de Exportadores de Manufacturas y Servicios, Asexma, aludiendo al caso “cascadas”, afirmó que la actual institucionalidad no da el ancho para evitar las malas prácticas.

Dieter Linneberg, director ejecutivo del Centro de Gobierno Corporativo y Mercado de Capitales de la Universidad de Chile, afirmó que las penas de cárcel ya están contempladas y que el problema es de la Justicia, la que, a su juicio, se demora mucho en resolver.

Las leyes de Mercado de Valores y Sociedades Anónimas establecen sanciones pecuniarias, a veces muy altas, pero no penas de cárcel, tarea exclusiva del Ministerio Público.

Sin embargo, en muchas oportunidades, como el “caso farmacias”, los fiscales proponen salidas alternativas a los imputados, debido a las pocas chances de que éstos sean condenados a presidio efectivo. Esto último será uno de los temas que deberá ser analizado por la comisión de Constitución del Senado una vez que ingrese el proyecto de reforma del Código Penal anunciado por el Ejecutivo.

El senador UDI Hernán Larraín, miembro de este grupo parlamentario, afirmó que las penas de cárcel para los delitos económicos es un tema que hay que estudiar.

Lo mismo declaró el senador y presidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, quien dijo que es natural que las conductas irregulares y reñidas con la ética del sector empresarial y financiero se sancionen como delitos.