Las dependencias del ex edificio de la PDI en Puerto Montt fueron destinadas al Ministerio de Hacienda, para que sean empleadas en oficinas del Servicio de Impuestos Internos. Agrupaciones de Derechos Humanos lo consideran un atropello, ya que el recinto fue utilizado como centro de tortura y detención durante el Golpe Militar.

La seremi de Bienes Nacionales entregó detalles de quién y en qué condiciones será administrado el ex edificio de la PDI, luego que se mantuviera una larga espera de parte del municipio de Puerto Montt y de las agrupaciones de DDHH de la zona.

La adjudicación de este recinto fue mediante un figura legal de destinación de traspaso de propiedad, que continúa siendo fiscal.

Recordemos que en sus inicios este lugar estuvo a cargo del Gobierno Regional de Los Lagos a través de una concesión, la que posteriormente fue devuelta, dejando el inmueble a la deriva, víctima de diversos ataques bandálicos y desmanes.

Posteriormente se llevó a una licitación pública que se declaró desierta, hasta ahora que, según aclaró Carolina Hayal, Seremi de Bienes Nacionales, la única solicitud formal recibida fue la que realizó el Ministerio de Hacienda.

Entre tanto, José Alfredo Argel, Presidente de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos en Puerto Montt, manifestó que la entrega de este emblemático edificio a manos de privados, u otros dueños que no sean familiares de exonerados políticos, es un atropello, se considera un falta grave en lo esfuerzos que ha realizado el estado para las reparaciones a las violaciones de los derechos humanos.

Irma Alvarado, presidenta de la Corporación Sur Vivo, que agrupa a los familiares de los ex presos políticos, enfatizó que es insólito que este lugar, que fue utilizado como centro de tortura y que encierra muchos recuerdos y dolor, sea destinado para fines comerciales o públicos.

El municipio de Puerto Montt había considerado una recuperación de este recinto con el objetivo de crear un Museo de la Memoria para mantener el respeto por derechos humanos, manifestándose en contra de una posible privatización.