Con las declaraciones de las psicólogas de Unicef, que participaron en la elaboración del informe solicitado por el Poder Judicial, el fiscal que investiga los eventuales delitos en centros dependientes del Servicio Nacional de Menores (Sename), dio por cerrada la primera etapa de las diligencias.

Con las declaraciones de este viernes, se cerró una agitada semana de interrogatorios que estuvo marcada por la comparecencia de siete personas en calidad de testigo.

El fiscal que investiga los supuestos abusos sexuales y maltratos físicos, del que habrían sido objeto, según datos estadísticos, una veintena de menores al interior de centros dependientes del Sename, dio por cerrada la primera parte de la investigación, que busca establecer la identidad de las supuestas víctimas que denunciaron los ilícitos, para determinar la veracidad de éstos, cuán graves son y perseguir a los eventuales responsables.

Solucionado el tema de la supuesta inmunidad diplomática, las psicólogas de Unicef, Soledad Larraín y Carolina Bascuñan, prestaron declaración ante el fiscal, Juan Agustín Meléndez.

Larraín, estuvo dos horas y veinte minutos, entregando detalles de la labor que desarrolló en el informe mandatado por el Poder Judicial.

Pendiente está la declaración al ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño, quien dice haber recibido a principio de marzo el informe de parte del equipo de jueces de familia, liderado por la jueza Mónica Jeldres, quien ya fue interrogada.

El fiscal Meléndez calificó de relevante la declaración del magistrado Carreño, diligencia que podría concretarse la próxima semana, cuando el fiscal jefe de la región de Magallanes vuelva a Santiago, a participar de actividades internas del Ministerio Público.

Pero junto con identificar a las víctimas, habrá que dilucidar también qué responsabilidad cabría en todas las autoridades que conociendo las conclusiones del informe, no hicieron la denuncia, y que según declaró la jueza Jeldres a la comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, puso a disposición del presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros y el ministro encargado de la Unidad de Apoyo, Héctor Carreño, el 11 de enero pasado, cuando dejó la comisión de servicio.