El cuestionado proyecto de Ley de Concesiones Eléctricas ha demostrado tener ecos en el Parlamento. El texto busca agilizar la entrega de permisos eléctricos con la finalidad de concretar proyectos de inversión en el área (especialmente la transmisión), agilización que se hace a costa de las personas y se justifica tanto por el Gobierno como de parte de los inversionistas y parlamentarios que suscribieron un acuerdo político, señalando que la demora actual en la entrega de concesiones es excesiva para las empresas.
Lo paradójico es que las concesiones se entregan a perpetuidad en terrenos públicos o privados, y esto no se cuestiona.
Para avanzar en esta materia, el proyecto de ley planteado por el Ejecutivo reduce aún más los derechos civiles en comparación con la ley original promulgada en 1982 -y modificada sólo una vez el año 2004-, pues restringe los derechos de las personas a manifestar oposición, entrega concesiones en áreas protegidas como parques nacionales, no contempla la consulta previa a los pueblos originarios, propone hacer uso de la fuerza pública para la utilización de los terrenos, entre los aspectos más cuestionables.
Además, el proyecto es claramente un paso necesario para la Ley de “Carretera Eléctrica”, que favorece la materialización de mega proyectos eléctricos como Hidroaysén, postergando o eliminando la posibilidad de implementar una reforma energética. Por el contrario, favorece los monopolios en la generación, transmisión y distribución de la electricidad, dado que las concesiones son entregadas a perpetuidad.
Dentro de la tramitación que ha tenido esta Ley, en su primer trámite legislativo la Cámara de Diputados, mediante una indicación del diputado Luis Lemus (PS) apoyada por las bancadas PS, PPD y DC, introdujo una mención explícita para aplicar la consulta previa a los pueblos originarios en caso de que la concesión atraviese sus territorios y señala que en caso de atravesar áreas silvestres protegidas se debe buscar un trazado alternativo.
Este gran avance, que permitiría respetar los acuerdos internacionales suscritos por Chile, como el 169 de la OIT, la Convención de Washington y la de Biodiversidad, fueron desechados en el Senado, que reemplazó estas referencias por una redacción confusa que en definitiva elude los compromisos internacionales. Ayer los diputados demostraron que el Senado estaba equivocado, rechazando los artículos cuestionables en esta materia, como una vulneración de algunas garantías constitucionales.
El rechazo de parte de la Cámara de Diputados de algunos artículos de este proyecto implica que deberá conformarse una Comisión Mixta que vuelva a discutir estos puntos. Se abre así un espacio de diálogo para plantear los profundos cuestionamientos civiles, por lo que se hace un llamado a la Comisión Mixta en el Parlamento para que reconsidere las evidentes contradicciones que adoptó el propio Gobierno en relación al procedimiento de consulta a los pueblos originarios, convenios suscritos por Chile con anterioridad y leyes hecha a la medida de mega proyectos energéticos como HidroAysén en contra de los derechos ciudadanos.
Como sociedad civil, estaremos atentos al quehacer de esta Comisión, y posteriormente a las respectivas votaciones, dado que es necesario que como ciudadanos conozcamos el actuar de nuestros legisladores, especialmente en un año en el que muchos se presentan a la reelección.
Javiera Espinoza
Geógrafa Fundación Terram
