En un país que según palabras del actual ministro de Hacienda, se espera que para el 2018 entre al grupo de los países llamados “desarrollados”, pareciera que lo único que crece hace algunos años es la desconfianza. Conocidas son las encuestas de opinión que dan cuenta de la baja confianza de la población en sus instituciones, en los políticos y en los partidos políticos. Seguramente parte de esto explica la baja afluencia a las urnas en octubre pasado y no sólo la escasa cultura cívica de la que muchos hablan y que dicho sea de paso, es una materia eliminada del curriculum escolar.
La desconfianza puede explicar muchos hechos y en más de una oportunidad se le coloca como elemento causal; pero ¿de dónde viene la desconfianza? Los hechos que pueden explicarla son múltiples, pero creo en un origen común: inequidad y desigualdad de ingresos, de distribución de poder y de justicia.
Efectivamente Chile es uno de los países con mayor crecimiento sostenido en la región, incluso el FMI mejoró las perspectivas de crecimiento de nuestro país para el 2013, pasando de un 4 a un 4,4%; con una cifra de ingreso per cápita proyectada por el mismo organismo de US$17.974.
No obstante, todas las cifras macroeconómicas que sitúan al país en un muy buen pie respecto a nuestros vecinos, no tienen su correlato en los ingresos y calidad de vida de la gran mayoría de las familias chilenas. El ingreso promedio de –prácticamente- el 60% de los hogares de este país, no supera los $558.000 según la encuesta Casen 2011. Estime que con esa cifra, una familia promedio (4 personas) debe pagar los servicios básicos, educación, salud, transporte y alimentación. Me parece ciertamente razonable entender que personas con esos ingresos, analicen con cierto grado de sospecha las grandes cifras macroeconómicas.
La claridad, oportunidad y transparencia con la que se entrega la información es también, sin duda, una causa de la desconfianza. Pero sin lugar a dudas, lo que más genera desconfianza es el nivel de veracidad de la información.
La rapidez con que se difunden las noticias y las fuentes alternativas existentes, que ayudan enormemente a esclarecer hechos que antiguamente eran impensables. No obstante y lamentablemente aún tenemos episodios altamente tristes en el cuadrilátero nacional; sin ir más lejos, el bullado caso bombas y la serie de pruebas desbaratadas por la defensa.
Pero no todo es tan malo. Años de letras chicas, fraudes de cuello y corbata y abusos, felizmente han quedado al descubierto. No obstante esta buena señal, las personas quedamos con cierta sensación amarga, similar a aquella de quien es víctima de un robo en su propia casa.
Esa amargura y sensación es difícil de borrar y los hechos se suman en el imaginario personal y colectivo para dar paso a un “me están cagando”. Sin ir más lejos, cuántos de nosotros escuchamos durante el masivo corte de suministro de agua potable con que iniciamos el 2013, que algo mayor había detrás de todo esto y que no podía ser sólo causa del aluvión. Es que cada vez es más difícil creer que no existen intereses ocultos o algo más o menos turbio, algo a lo que, lamentablemente, también nos vamos habituando.
Sin ir más lejos, dado que el 2013 es año eleccionario, ya me ha tocado escuchar, en más de una oportunidad, que es mejor hacer las cosas antes de junio, julio u otro mes, la data cambia según el análisis y según el tipo de acto administrativo del que se trate. Nadie muestra asombro cuando se señalan este tipo de argumentos para apurar o retrasar asuntos que deben pasar por la venia del aparato estatal o para acceder a articularse con entes públicos.
La alusión no tiene un sólo trasfondo, la más recurrente al parecer, es evitar cierta severidad con que se piensa se actuará en periodo electoral, severidad tendiente a sacar dividendos políticos de este acto.
El llamado es siempre el mismo: “hay que avanzar hacia mayores niveles de igualdad y equidad”; pero esto no se logra sin la responsabilidad de todos. Claro, porque podemos culpar eternamente al Sistema o a tal o cuál político o gobernante (por favor, que no se vaya a entender que creo que quien gobierna da lo mismo), pero es hora de que nos hagamos responsables de nuestra parte.
Si pues, si ya no podemos seguir haciéndonos los lesos y pensar que mientras más rejas pongamos en nuestras casas estaremos a salvo. A salvo porque tenemos cierto nivel de instrucción para leer y entender la letra chica, a salvo porque podemos pagar, hasta cierto límite, nuestro plan de salud. Y le hablo a usted que lee este articulo y no a la ya famosísima señora “Juanita”, que ni de computadoras, ni de internet conoce, ni tiene acceso.
La ciudadanía organizada y articulada en torno a temas prioritarios, ha dado muestras tangibles de que se puede avanzar en mayores niveles de justicia, equidad e igualdad, aunque a veces no baste subir al ring una sola vez. Freirina, Aysén y el movimiento estudiantil son claros ejemplos de ello. Démosle fuerza a nuestras organizaciones sindicales, ciudadanas, juveniles, estudiantiles. Apoyemos siempre la búsqueda de la verdad y la construcción de espacios de articulación. Escribamos cartas a nuestros gobernantes, ministros, alcaldes, presidentes. Asistamos a, al menos, un consejo municipal de nuestra comuna.
Dese el tiempo de participar, opinar, exigir, acordar, proponer. Seamos garantes de los asuntos públicos y exijamos el derecho de participar en las decisiones que nos afectan. Quizás con ello no estaremos eliminando la desconfianza del todo, pero al menos estaremos trabajando para eliminar sospechas, transparentar hechos, monitorear el respeto a los acuerdos.
Dese el tiempo para participar, es su derecho y este país necesita que todos lo ejerzamos.
Bernarda Jorquera
Geógrafa de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Master en gestión de Sistemas Ambientales y Master en Políticas Sociales y Gestión Estratégica para el Desarrollo Sostenible del Territorio de la Universidad de Bologna, Italia, se especializa en gestión estratégica, gestión de proyectos de desarrollo con enfoque económico territorial ambiental. Con 10 años de experiencia ha trabajado en organismos gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.