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Publicado por: Juan Pablo G√°ndara
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Aprovechando el cierre de a√Īo, cabe analizar qu√© es lo que puede haber detr√°s de los conflictos socio ambientales que captaron la atenci√≥n de nuestra sociedad a niveles pocas veces visto en este tema.

En esa l√≠nea y previo al an√°lisis, es preciso mencionar que el marco general del conflicto se podr√≠a encontrar ‚Äúmarcado‚ÄĚ por la pugna entre el poder ejecutivo y el judicial, en donde este √ļltimo, alentado por los recursos de protecci√≥n que levantan distintas personas naturales o jur√≠dicas, ha desestimado algunas resoluciones de calificaci√≥n ambiental que se emiten por considerarlas inconstitucionales -caso de Castilla- o porque no se ha ejercido el derecho a consulta que promueve el Convenio 169 de la OIT al cual Chile est√° adscrito -caso El Morro-.

Bueno, y por supuesto la √ļltima joya de nuestra sociedad, el triste show del caso Freirina.

Como usted tambi√©n ha de pensar, detr√°s de la creciente ‚Äújudicializaci√≥n‚ÄĚ de este tipo de proyectos (que es como lo denominan algunos desinteresados medios de comunicaci√≥n y el empresariado en general) el denominador com√ļn a todas estas acciones es la presencia de una ciudadan√≠a m√°s activa y empoderada que, ¬Ņde pronto?, pareciese que le ocupan materias de inter√©s com√ļn. Esto entrega una primera conclusi√≥n, finalmente y para la tranquilidad de muchos, Chile y su poblaci√≥n ser√≠a m√°s que un mall, un PIB, un ranking o solo ‚Äúun‚ÄĚ Santiago.

¬ŅA qu√© se debe esta situaci√≥n? como punto de partida, se podr√≠a se√Īalar que cada vez ha habido mayor acuerdo como sistema, quiz√°s las cosas podr√≠an comenzar ha realizarse de manera diferente a como se vienen haciendo, en el entendido que durante los √ļltimos dos a√Īos, la normativa que tenemos en materia ambiental, su institucionalidad p√ļblica, nuestros representantes p√ļblicos y las propias empresas, han venido perdiendo cada vez m√°s credibilidad en lo que plantean y las formas que emplean para ello, sembrando una desconfianza que muchas veces inhibe que se avance hacia procesos sociales o asociativos m√°s enriquecedores.

Como segundo elemento, y relacionado con lo anterior, tambi√©n se debiese sincerar el discurso y asumir que en la pr√°ctica, la distribuci√≥n de impactos no es, como la mayor√≠a de las cosas en Chile, equitativa. Se entiende por esa desequilibrada distribuci√≥n, que los impactos positivos que se prometen no son tales (el alcalde de Freirina a√ļn esperar√≠a las grandes cifras de empleo local que entregaba la cuestionada planta). Mientras que los negativos, que no se mencionan de manera clara y a tiempo, s√≠ se suceden de manera continua y solo en el territorio en donde opera la empresa (aumento de polvo en suspensi√≥n, encarecimiento de los costos de vida, afectaciones paisaj√≠sticas, aumento de tensi√≥n y competencia por recursos h√≠dricos, embarazos no deseados, aumento de √≠ndices de drogadicci√≥n, por ejemplo) entregando como resultado, una sumatoria poco favorable para esa comunidad en donde se planea instalar un mega proyecto.

Un tercer aspecto, que también ha surgido como argumento para mostrarse reacio a la instalación de mega proyectos, viene dado por la revalorización que han tenido los distintos servicios ambientales de los que dispone nuestro país. Esta situación se ha materializado en que han surgido nuevas propuestas de desarrollo local (muchas de ellas relacionadas con el sector turístico) que vienen también a romper y tensionar la lógica centralista con que Chile piensa y toma sus decisiones en temas de desarrollo tanto a nivel local como regional.

Por √ļltimo, y s√≥lo como menci√≥n de lo que no fue, el discurso de la Responsabilidad Social Empresarial sobre desarrollo sustentable se encontrar√≠a agonizante y con pocas perspectivas de vida as√≠ como se ha dado a conocer en la √ļltima d√©cada, precisamente porque las empresas no se han mostrado muy responsables ni sustentables ante la opini√≥n p√ļblica. Entonces, frente a esa sensaci√≥n, el discurso ha perdido credibilidad y hoy solo tiene asidero en seminarios donde generalmente asisten empresarios, autoridades p√ļblicas y organizaciones que trabajan en este rubro, es decir, todos los que estamos siendo cuestionados por la ciudadan√≠a en general y las regiones del Chile rural en particular.

Ahora bien, volviendo a recordar que es fin de a√Īo, que el mundo no se ha acabado y que las fiestas demandan pensamientos positivos, se podr√≠a decir que este escenario tiene un lado bueno para Chile, pues nos habla de una profundizaci√≥n de nuestra democracia, la cual tiene como protagonista a una ciudadan√≠a que pide, a gritos, literalmente, m√°s y mejores espacios de participaci√≥n para influir -en alguna porci√≥n- en las decisiones que les afectan directamente y, en ese sentido, la misi√≥n que nos queda como miembros de una sociedad, es comprender que los actos de participaci√≥n en materia ambiental ya no pueden seguir entendi√©ndose como ejercicios burocr√°ticos o de mera entrega de informaci√≥n, sino que deben desplegarse esfuerzos reales para conseguir verdaderos espacios de di√°logo e intercambio de saberes que permitan la generaci√≥n de acuerdos para emprender nuestros objetivos de pa√≠s de una manera m√°s arm√≥nica y menos excluyente con los otros.

Juan Pablo G√°ndara

Juan Pablo G√°ndara

Juan Pablo G√°ndara


Soci√≥logo de la Universidad Diego Portales. Se ha desempe√Īado elaborando diversos estudios socioambientales, principalmente diagn√≥sticos y caracterizaciones territoriales, procesos de participaci√≥n ciudadana, elaboraci√≥n de l√≠neas base y construcci√≥n y gesti√≥n de pol√≠ticas de RSE, vinculadas a resoluci√≥n y prevenci√≥n de conflictos socioambientales.

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