Notas
Caso Freirina: cuando el culpable no es sólo uno
Publicado por: Antonio Rubio
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La √ļltima semana hemos visto c√≥mo concluy√≥ el caso de Agrosuper en Freirina, luego que la empresa decidiera cerrar sus operaciones aduciendo que las medidas solicitadas por la autoridad para mitigar sus impactos, har√≠an inviable la continuidad de su negocio. Estos hechos han suscitado una serie de comentarios, respuestas y defensas de las diferentes partes en conflicto. As√≠ hay quienes centran su atenci√≥n en la p√©rdida de empleo y otros que asignan responsabilidades a gobiernos pasados, en circunstancias que lo que realmente importa a los habitantes del Valle del Huasco es vivir en un medio ambiente limpio y libre de contaminaci√≥n.

Intervenciones como las de la ministra del Trabajo Evelyn Matthei, durante la √ļltima semana parecen ser -a ojos de la ciudadan√≠a cansada de tanto abuso y despreocupaci√≥n de nuestra institucionalidad- francamente irritantes, pues suponen que la calidad de vida, el derecho a vivir en un territorio sin contaminaci√≥n y el ser los receptores de las ‚Äúexternalidades‚ÄĚ del desarrollo, son moneda de cambio frente a la posibilidad de contar con empleo.

Mirando aquello surgen varias reflexiones y cuestionamientos tendientes, natural y humanamente, a la b√ļsqueda de un responsable, pero antes de encontrar a alguien para ponerlo en el banquillo de los acusados, conviene preguntarse qu√© se hizo mal y qu√© hicimos mal en la esfera institucional y como sociedad.

Cuando analizamos los conflictos socioambientales*, debemos entender que su emergencia no responde a una unicidad de causas o factores, sino que se trata de un fenómeno multidimensional que tiene en su origen una serie de falencias estructurales que hacen complejo su abordaje en el corto y mediano plazo. Habiendo dicho eso, en el caso de Freirina, la responsabilidad es, a lo menos, compartida.

En primer lugar, existe una responsabilidad de la esfera normativa, entendida, en este caso, como ausencia de parámetros que regulen, por ejemplo, la emisión de olores a través de una norma clara y conocida, lo que posibilita que industrias como la alimenticia y específicamente la de la carne (en todo su abanico de versiones, porcina, avícola, pesquera) y la sanitaria (rellenos y plantas de tratamiento) puedan ser aprobadas ambientalmente, operar y emitir olores sin más cuestionamiento que el de los vecinos.

Así surgen casos como Freirina, Cerrillos (curtiembres), Paine (inexplicable olor percibido desde la ruta 5 Sur), Montenegro (cerdos de Porkland), San Vicente de Tagua Tagua (faenadora de pollos de Agrosuper) o Pelequén (Planta de Colhue).

En esta misma línea, también se identifica el problema que existe con la evaluación ambiental aplicada a este tipo de proyectos, así como con la ponderación y el establecimiento de medidas de mitigación de impactos. Así por ejemplo, nadie cuestiona a los servicios que evaluaron ambientalmente el proyecto de Agrosuper y que permitió conseguir una resolución de calificación ambiental (RCA) positiva.

¬ŅAcaso los encargados de la evaluaci√≥n ambiental no pudieron prever que las medidas de mitigaci√≥n no ser√≠an eficientes para disminuir el impacto en la poblaci√≥n? Aqu√≠ surge un matiz del cual la institucionalidad ambiental en Chile no da cuenta: exceso de trabajo y escases de recursos para desarrollar una mejor gesti√≥n. Lo anterior lo digo con conocimiento de causa, pues a ra√≠z de investigaciones realizadas, he podido conversar con titulares, consultoras e investigadores y la principal cr√≠tica que se le hace al sistema va en esa l√≠nea: evaluaci√≥n de proyectos ambientales desde el escritorio.

En segundo lugar cabe mencionar el rol de las consultoras encargadas de la elaboraci√≥n de estudios de impacto ambiental (EIA), quienes, en concordancia con su negocio, deben realizar la voluntad del mandante. Parad√≥jicamente este gremio es el menos perjudicado frente a la opini√≥n p√ļblica cuando estallan conflictos socioambientales, pero a nuestro juicio, tiene una responsabilidad igual de importante, pues como expertos, debieran saber ponderar los verdaderos impactos asociados a los proyectos, hecho que en la pr√°ctica ocurre al rev√©s, estos se maquillan, suavizan o relativizan con el fin √ļltimo de agradar al cliente.

Ahora ¬Ņqu√© es lo esperable? √önicamente que hagan bien su pega, necesitamos estudios de l√≠nea base que observen el panorama ambiental con precisi√≥n, que sean capaces de mirar m√°s all√° de lo que la ley exige y cuestionarse qui√©n es finalmente ‚Äúsu cliente‚ÄĚ, ¬Ņel mandante o el entorno donde se instalar√° el proyecto? Nuevamente estamos frente a una ausencia de cuestionamientos que deriva en un problema √©tico.

En tercer lugar están las empresas, de las que conocemos -a través de los medios- su comportamiento, a quienes no eximimos de responsabilidades en su calidad de titulares de los proyectos, pero que no podemos atribuirles todas las responsabilidades.

*Proceso de interacción colectiva caracterizado por una dinámica de oposición y controversia entre grupos de interés, que resulta de sus incompatibilidades reales o percibidas en torno al control, uso y acceso al ambiente y sus recursos.

Biografía Antonio Rubio:

Antonio Rubio

Antonio Rubio

Licenciado en Sociología de la Universidad de Chile, Diplomado en Gestión Estratégica y Estudio de Organizaciones Asociativas del Programa Interdisciplinario de Estudios Asociativos de la Universidad de Chile y profesor del Diplomado de Gestión de Relaciones Comunitarias de la Universidad Central, en el Módulo Plan de Relaciones Comunitarias.

Se ha desempe√Īado en el campo de implementaci√≥n de planes de relacionamiento con comunidades aleda√Īas a operaciones de empresas mineras, sanitarias y de proyectos energ√©ticos, dentro del marco de la convivencia sustentable y pol√≠ticas de responsabilidad social empresarial. Tambi√©n ejerce la docencia y ha sido invitado como expositor y panelista de seminarios y talleres.

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