Criticada por la OEA como un mal precedente, la renuncia de Colombia al Pacto de Bogotá, más allá de blindar al país hacia futuras demandas, no tiene efectos sobre la delimitación marítima con Nicaragua y es más un acto de protesta del gobierno para reducir el daño político interno, estimaron analistas.
El presidente Juan Manuel Santos tomó la decisión en reacción al fallo que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió el 19 de noviembre, atendiendo una demanda interpuesta en 2001 por Nicaragua sobre límites con Colombia en el Caribe.
La CIJ resolvió una disputa entre Bogotá y Managua por el archipiélago de San Andrés, al determinar que todas las islas, islotes y cayos corresponden a Colombia, a la vez que trazó una nueva delimitación marítima que otorga a Nicaragua mayor soberanía sobre aguas del mar Caribe, en un fallo inapelable.
El gobierno colombiano cuestiona el fallo y considera que contiene “vacíos e inconsistencias en la delimitación realizada”, según señaló la canciller María Angela Holguín el miércoles al anunciar la denuncia del Pacto de Bogotá.
La decisión de Colombia de retirarse del Pacto, cuyo efecto práctico sólo entrará a operar en un año, fue trasmitida el martes al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, quien no recibió bien esa decisión. “Siempre una salida es un perjuicio, siempre ciertamente es un daño”, dijo Insulza a la prensa.
Actualmente, de los 34 países que integran la OEA, sólo 14 hacen parte de ese tratado para la resolución pacífica de controversias entre los países del hemisferio.
En consenso, los juristas colombianos en derecho internacional coinciden en que la salida de Colombia del Pacto no tiene ningún efecto sobre la decisión de la Corte, pero no así sobre las acciones a seguir.
Una comisión de seis reconocidos internacionalistas designada por el gobierno analiza “los recursos que se interpondrán para rechazar las inconsistencias y vacíos jurídicos del fallo”, según el gobierno.
La canciller Holguín ha indicado que se estudia pedir a la Corte una aclaración del fallo y posiblemente una revisión.
Para Rafael Nieto, miembro de la comisión, el fallo por sí mismo “ya está ejecutado”, pero no obstante a Colombia le caben esos dos recursos, pero alertó que el país quedó expuesto a nuevas demandas ante la Corte en los próximos 12 meses, dijo al diario El Tiempo de Bogotá.
La preocupación del riesgo que corre Colombia de nuevas demandas de Nicaragua mientras entra en efecto su salida del Pacto de Bogotá es compartida por Vicente Torrijos, experto internacionalista y catedrático de la universidad Rosario de Bogotá, quien considera que “no se debe acatar el fallo”.
“Lo que tenemos que hacer hoy es olvidarnos del fallo y de la Corte con todas sus consecuencias, (y entonces) lo único que Nicaragua puede hacer es llevar el caso al Consejo de Seguridad de la ONU y allí Colombia dar la batalla”, dijo Torrijos a la AFP.
Torrijos desestimó que esta actitud pueda acarrearle a Colombia un malestar entre la comunidad internacional, porque argumentó: “es un medio legítimo que podemos usar para defender nuestra soberanía”.
“Si acatamos este fallo mañana Nicaragua puede ir ante la Corte por más límites y tendríamos que aceptar ese nuevo fallo”, alertó.
Sin embargo, Torrijos advirtió sobre eventuales efectos que el desacatamiento pueda tener en las conversaciones de paz que realiza en Cuba el gobierno de Santos con la guerrilla comunista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), las que Venezuela acompaña junto con Chile.
“No debemos olvidar que el presidente (Hugo) Chávez es aliado de (Daniel) Ortega (presidente de Nicaragua)”, señaló.
Ricardo Abello, catedrático de derecho internacional de la universidad Rosario, dijo que la renuncia al Pacto de Bogotá, si bien “blinda a Colombia hacia el futuro”, resulta un “acto simbólico” frente al fallo de la Corte, y alertó sobre consecuencias a largo plazo para el país.
“No podremos demandar a nadie. Cualquier diferencia ente los estados parte del Pacto, como el incumplimiento de un tratado comercial, tendrá que hacerse por otros mecanismos”, declaró a la AFP.
Colombia mantiene un diferendo limítrofe con Venezuela en el golfo del mismo nombre, y una demanda que en 2008 presentó Ecuador ante la CIJ por las fumigaciones de Bogotá a narcocultivos en la frontera común.
En el plano nacional, los analistas coinciden en señalar la decisión de Santos busca reducir el impacto negativo en la opinión pública del fallo. El 83% de los colombianos lo rechaza, según una encuesta divulgada tras la decisión de la CIJ.
