La Secretaría Regional Ministerial de Salud emitió un comunicado tras el impacto que causó el caso de Patricia Riquelme Villagrán, paciente terminal de cáncer extendido, a quien le fueron rechazadas sus licencias médicas.

El Minsal de Bío Bío sostiene que la paciente cuenta con trámite de pensión por invalidez de un 77%, ejecutoriado el 2 de agosto de este año. Las licencias extendidas por el mismo diagnóstico que causó la invalidez fueron rechazadas hasta el 22 de octubre por trámite ejecutoriado, porque no corresponde -dicen- pagar la licencia médica por la misma causa por la que ella percibe su pensión de invalidez.

Una nueva licencia por patológica psiquiátrica, se presentó el 23 de octubre; sin embargo, para poder autorizarla, posterior a un fallo ejecutoriado de trámite de pensión de invalidez, se requiere un mínimo de seis meses de afiliación y de tres meses de cotización dentro de los seis meses anteriores a la fecha inicial de la licencia médica.

“Las cotizaciones son por remuneraciones obtenidas con posterioridad a la pensión de invalidez, lo que exige necesariamente la reincorporación al trabajo con capacidad residual, requisito que no se cumple en el caso de la señora Riquelme, ya que el menoscabo de su capacidad supera los dos tercios. Se considera aceptar invalidez definitiva total, impidiéndole tramitar nuevas licencias médicas para efectos del pago de subsidio”, concluye el comunicado.

“Al respecto, señalamos que la paciente estuvo cuatro horas esperando la explicación que ahora se dio a través de La Radio y, al final, le dijeron que se fuera”. Se le dijo que pasan 6 meses –o más- desde que se declara la invalidez hasta que se paga la pensión y -mientras tanto- ella y su hijo deben comer y comprar medicamentos.

El mismo Compin dijo que la solución era una licencia distinta y ella hace gestiones entre quimioterapias ambulatorias y tratamientos paliativos, con morfina, para el tremendo dolor.

Al final es un caso de misericordia con una paciente en la más completa indefensión y con dos hijos. Lamentablemente le exigen reincorporarse al trabajo para pagarle la licencia, con su 23% de capacidad residual. Como entienden que eso es imposible, aceptan considerar aceptar invalidez definitiva total. Tremendo ofrecimiento para una usuaria de la Salud Pública que se muere por un cáncer.