El inicio de un diálogo de paz entre el gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos y las FARC, aunque recibido con obediencia por los mandos militares, sembró inquietudes en las filas y abrió fisuras en la tradicional unidad de las reservas, según afirman expertos.
“Cuente, señor Presidente, con nuestro apoyo y el respaldo incondicional”, aseguró el comandante de las fuerzas militares, general Alejandro Navas, una vez que Santos anunció que emprendería un nuevo intento por terminar el conflicto armado, de ya casi medio siglo en Colombia.
Pero, si bien los mandos militares aseguraron su acatamiento, en el interior de las asociaciones de la reserva la decisión de dialogar y de incluir en el equipo negociador a los generales en retiro Jorge Mora, del Ejército, y Oscar Naranjo, de la Policía, provocó un intenso debate.
El general Jaime Ruiz, presidente de la Asociación de Oficiales en la Reserva Activa (Acore), la más importante organización de los retirados, aseguró que esas organizaciones acompañarán el proceso. “Bajo ninguna circunstancia nos vamos a convertir en un palo en la rueda. Simplemente creemos que hay que tomar medidas para evitar la comisión de nuevos errores”, señaló en alusión al fracaso de anteriores intentos de conseguir paz.
“Consideramos que el proceso debe llevar a la entrega de las armas, y no simplemente a dejarlas, como está consignado en el acuerdo preliminar suscrito entre el gobierno y las FARC. Además, debe haber una acción penal contra los desmovilizados, y finalmente, que deben entregar todo el negocio del narcotráfico”, añadió.
Las autoridades colombianas aseveran que las FARC participan del negocio de las drogas, protegiendo cultivos de coca y laboratorios clandestinos.
Una de las voces más representativas entre quienes rechazan la negociación es la del ex comandante del Ejército, general Harold Bedoya, quien dijo no creer en el proceso porque “las FARC han estado, como toda la vida ,ganando tiempo, espacio, y buscando ante la opinión pública el estatus de beligerancia”.
Bedoya prevé incluso que en un determinado momento los representantes de la fuerza pública en la mesa de negociación “tendrán que retirarse, porque no va a terminar en nada para el país”.
Colombia, que ha vivido casi 50 años de conflicto armado, cuenta con un pie de fuerza integrado por 431.900 uniformados, 140.584 más que en 1999, cuando comenzó el anterior diálogo entre el gobierno y las FARC.
Del total de integrantes de las Fuerzas Militares y de Policía, 221.496 corresponden al Ejército, 34.964 a la Armada y 14.195 a la Fuerza Aérea. Por su parte, la Policía está conformada por 160.950 efectivos.
Para su funcionamiento, las Fuerzas Militares y de Policía disponen actualmente de un presupuesto de 23 billones de pesos (USD 12.700 millones), equivalente a 3,5% del Producto Interno Bruto, según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz.
También, jerarcas militares activos han expresado su escepticismo sobre el proceso de paz. El actual comandante del Ejército, general Sergio Mantilla, advirtió recientemente que “mientras las FARC no hablen con la verdad, el país no creerá en sus intenciones de paz”, exigiendo además a la guerrilla que diga dónde están más de 60 militares que se encuentran desaparecidos.
Un oficial, miembro del Estado mayor de una importante guarnición en Bogotá, que pidió reserva de su nombre, explicó que los militares a su cargo indagan permanentemente acerca de su futuro, ante un eventual fin del conflicto. “Hay temor por un recorte del pie de fuerza que lógicamente afectaría la carrera de oficiales y suboficiales, pero la mayor preocupación radica en la posibilidad de que los desmovilizados de las FARC sean incorporados a las filas”, finalizó.