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Corte de Coyhaique rechaza recurso de protección del INDH contra Carabineros por incidentes en Aysén
Publicado por: Poder Judicial
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La Corte de Apelaciones de Coyhaique rechazó un recurso de protección presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por una serie de incidentes producidos en la Región de Aysén, durante las movilizaciones sociales de marzo y abril pasados.

En fallo unánime, los ministros Sergio Mora, Alicia Araneda y Pedro Castro rechazaron la acción cautelar presentada por el INDH en contra de Carabineros por el uso excesivo de la fuerza en la represión de las manifestaciones.

La sentencia determina que no existen antecedentes concretos para determinar que hubo alg√ļn tipo de amenaza a las garant√≠as constitucionales contra personas determinadas, por lo que no es posible acoger el recurso.

‚ÄúRespecto a todo lo indicado en los motivos anteriores, debe tambi√©n dejarse establecido, en conclusi√≥n, que la acci√≥n de protecci√≥n, no obstante su naturaleza tutelar, debe ajustarse a lo explicitado en el art√≠culo 20 de la Carta Fundamental, en cuando limita su ejercicio s√≥lo a quienes hubieren sufrido una perturbaci√≥n o amenaza en sus derechos, exigiendo, tambi√©n, para que sea viable, la existencia cierta de un hecho concreto, ya sea acci√≥n u omisi√≥n, que prive, perturbe o amenace los derechos constitucionales y afectando su ejercicio, asimismo, por una persona cierta y determinada y tampoco tiene la caracter√≠stica de ser abstracta o potencial dado que requiere, como requisito de la esencia de su existencia, la concreci√≥n de una amenaza actual, vigente y real al leg√≠timo ejercicio del derecho de alguien en particular, a lo que debe agregarse, como se dijo, que no es una acci√≥n general o popular”, indica el texto.

“Que, en consecuencia, de acuerdo a todo lo expuesto y no habi√©ndose establecido que la recurrida haya vulnerado algunas de las garant√≠as constitucionales establecidas en nuestra Carta Fundamental, espec√≠ficamente la del art√≠culo 19 en sus n√ļmeros 1, 4, 5 y 24, procede desestimar el recurso de protecci√≥n interpuesto en estos autos y as√≠ se declarar√°‚ÄĚ, dice el fallo.

Sin embargo, el tribunal de alzada determin√≥ enviar los antecedentes al Ministerio P√ļblico y la Fiscal√≠a Militar para que se indague eventuales responsabilidades delictuales de personas con motivo de los incidentes.

‚ÄúEsta Corte no puede sino dejar constancia que los hechos que se reprochan tuvieron lugar en un periodo de singular efervescencia social, que desemboc√≥ en situaciones de particular gravedad y de enfrentamiento entre manifestantes y las Fuerzas de Orden y Seguridad, registr√°ndose variados lesionados de ambos bandos, no pudi√©ndose desconocer la existencia de procedimientos que si bien no permiti√≥ dar por establecida la existencia de hechos vulneratorios en t√©rminos tales que permitieran acoger el recurso de protecci√≥n deducido, particularmente por lo que se se√Īal√≥ en los motivos anteriores, mueve a considerar, por parte de los responsables de mantener el orden p√ļblico y la seguridad p√ļblica, a revisar los protocolos internos existentes durante el desempe√Īo de la labor policial, considerando que el mantenimiento del orden p√ļblico consiste en velar por el derecho de las personas a ejercer sus derechos y libertades legales sin infringir los derechos de otros, al mismo tiempo que debe ser garante de que todas las partes respeten la ley; todo lo cual y al adoptarse las medidas para el restablecimiento del orden, √©stas deben ser compatibles con los derechos humanos y el r√©gimen democr√°tico; por tanto, el empleo de la fuerza √ļnicamente puede ser considerada como la √ļltima medida posible y s√≥lo cuando sea estrictamente necesaria y para los fines l√≠citos de cumplimiento de la ley, la que adem√°s debe ser racional y proporcional a los objetivos l√≠citos de aplicaci√≥n de la misma, debiendo efectuarse todo lo posible para limitar da√Īos y lesiones ya que, de otro modo, esto es, su mal uso, puede perfectamente convertir a los encargados de mantener el orden y la seguridad, precisamente en vulneradores de los derechos que deben mantener y defender, no debiendo obviarse, jam√°s, que los derechos humanos son prerrogativas inherentes a todas las personas por su condici√≥n de seres humanos y deben ser respetados en todo tiempo y en todo lugar, considerando especialmente la existencia, a la fecha, de diversas investigaciones administrativas que se llevan a cabo como tambi√©n ante el Ministerio P√ļblico por diversos il√≠citos, en actual tramitaci√≥n‚ÄĚ, se indic√≥.

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