El Senado argentino aprobó la madrugada del jueves un proyecto de ley ya sancionado en Diputados que otorga mayor poder regulador al Banco Central y lo autoriza a incrementar sus préstamos al Estado para financiar pagos de la deuda.

La iniciativa impulsada por la presidenta Cristina Fernández fue aprobada con 42 votos a favor, 19 en contra y 2 abstenciones en la cámara alta.

“Con esta reforma, la autoridad monetaria podrá orientar el destino de los créditos al fomento de la economía real. Y podrá utilizar divisas para cumplir compromisos de pago (de la deuda) sin recurrir a financiamiento externo”, había fundamentado el senador oficialista Ruperto Godoy previo a la votación.

Durante el debate, la presidenta de la comisión de Economía del Senado, Laura Montero, del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR, oposición, segunda fuerza parlamentaria), cuestionó la ley afirmando que “le permite al Banco Central asistir al Tesoro sin ningún tipo de límite”.

El proyecto de Fernández había sido aprobado la semana pasada en la cámara baja, luego de ser defendido en las comisiones del Congreso por la gobernadora del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Mercedes Marcó del Pont.

La iniciativa dividió opiniones en el abanico de fuerzas de oposición, pero todas coincidieron en que el gobierno busca poderes discrecionales para echar manos a fondos en momentos en que se debilitan sin remedio los superávits comercial y fiscal.

Argentina afronta este año vencimientos de la deuda por casi 6.000 millones de dólares, pero la crisis mundial dañó las finanzas locales y hubo una fuga de capitales de 21.000 millones de dólares en 2011, cerca del récord de la década, según el BCRA.

Godoy, vicepresidente de la comisión de Economía de la cámara alta, dijo que “Argentina está superando la visión impuesta durante el modelo de convertibilidad (paridad uno a uno del peso con el dólar) que limitaba al Banco Central a garantizar la estabilidad monetaria”.

El régimen de convertibilidad, con un tipo de cambio fijo de un peso igual a un dólar y apertura indiscriminada de la economía, rigió durante 11 años hasta comienzos de 2002, al colapsar la economía a fines de 2001, cuando fue declarado un ‘default’ unilateral por casi 100.000 millones de dólares.

Un punto clave de la reforma elimina la obligación de conservar reservas suficientes para garantizar el circulante en manos del público y depósitos bancarios a la vista, uno de los pilares del sistema de convertibilidad.

“Ha quedado demostrado durante la crisis del 2001 que la relación rígida entre la base monetaria y la cantidad de reservas internacionales no garantiza la estabilidad del sistema”, argumentó Godoy.

El gobierno tiene control de ambas cámaras e hizo avanzar rápido la reforma frente a la débil resistencia de la oposición que cuestionó otorgarle tanto poder al Banco Central.

La autoridad monetaria garantiza actualmente la base monetaria al atesorar unos 47.000 millones de dólares, pese a haber perdido fondos por más de 6.000 millones en 2011.

Sin embargo, la gobernadora Marcó del Pont respondió a la oposición en el Congreso que aún no puede adelantar cuál será el futuro nivel óptimo de reservas que la reforma le permitirá fijar, y tampoco adelantó en base a qué criterios se tomará esa decisión.

En cambio, el exgobernador del Banco Central y diputado de la Coalición Cívica (oposición liberal), Alfonso Prat Gay, opinó que su bloque no estaba “en contra de ampliar objetivos del Banco, pero eso no implica que haya que eliminar la obligación de rendir cuentas”.

Entre otras drásticas medidas impuestas por Fernández para mantener el equilibrio de cuentas externas e internas figuran las trabas a las importaciones, que despertaron críticas en países latinoamericanos, y las presiones a las multinacionales para que no giren dividendos.

“La única preocupación de esta ley es no tocar el sistema financiero y omitir descaradamente la investigación de la deuda externa ilegítima”, dijo el diputado del Bloque Proyecto Sur (centroizquierda), el cineasta Fernando ‘Pino’ Solanas, aludiendo a la discusión sobre deuda contraída durante la dictadura argentina que muchos en el país rechazan.