Un total de 10 ex ejecutivos de la fábrica Laja de la CMPC, que cumplía labores tras el golpe de Estado, deberán prestar declaraciones en el marco de la indagación del ministro especial para casos de Derechos Humanos, Carlos Aldana, por la detención y desaparición de 19 personas en esa comuna y San Rosendo.
Las diligencias se efectuarán este martes en Concepción y el lunes de la próxima semana donde se interrogará a ex ejecutivos que cumplían funciones como gerente, subgerentes y empleados de la planta de celulosa en 1973.
Eso, en el marco de la investigación de uno de los casos más emblemáticos de derechos humanos, en que estas 19 personas, principalmente operarios de la planta, fueron detenidas, asesinadas y desaparecidas.
Lorena Ulloa, hija de Luis Armando Ulloa, una de las víctimas de la represión política, se mostró satisfecha con la diligencia judicial porque, a su juicio, se aportarán más antecedentes acerca de lo sucedido hace casi 40 años.
En la misma diligencia, el juez Aldana ordenó a la Policía de Investigaciones ubicar a otras tres personas vinculadas a la empresa y exige que la CMPC envíe la nómina completa de trabajadores de esa empresa a septiembre de 1973, indicando su estructura organizacional mayor.
Por este caso, ya hay una decena de ex funcionarios de Carabineros quienes están siendo procesos por haber tenido distintos grados de participación en las detenciones y posteriores ejecuciones de los opositores políticos.
