El Comité de Ministros rechazó un recurso que presentara la eléctrica solicitando la suspensión de los plazos derivados de la Resolución de Calificación Ambiental favorable, que emitiera en mayo la Comisión de Evaluación Ambiental de Aysén.

El requerimiento de la empresa se basaba en que producto del anuncio del gobierno de no pronunciarse sobre las más de mil reclamaciones interpuestas por organizaciones y ciudadanos contra la RCA, mientras la Corte Suprema no decida sobre 7 recursos de protección impugnando el proceso, HidroAysén considera muy difícil cumplir con la resolución ajustándose a los tiempos establecidos.

En el escrito, presentado el 4 de noviembre, HidroAysén aludía específicamente a los plazos, corridos desde el 13 de mayo, para presentar una guía de manejo del Área de Conservación del Baker; llegar a acuerdos definitivos con las familias sujetas a relocalización; formar una mesa de trabajo con el Gobierno Regional y el Ministerio de Energía para definir un cronograma de entrega de energía a menor costo para la región; y actualizar el catastro de relocalización. Incluso esta última condición estaría próxima a cumplirse.

La decisión la adoptó el comité, que integran los ministros de Medio Ambiente, Salud, Economía, Agricultura, Energía y Minería, “por cuanto los plazos se refieren a materias que debieron quedar resueltas durante el proceso de evaluación ambiental del proyecto”, según consignó La Tercera.

Para la Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida “hoy no queda en claro qué caminos tomará la eléctrica, toda vez que el no cumplimiento de las condiciones impuestas puede derivar, en casos extremos, en la revocación de la RCA”.

La misma organización señala que éste no es el único trámite que se ha realizado en torno al proyecto. También el 4 de noviembre HidroAysén requirió al Comité de Ministros que todos los recursos de reclamación interpuestos por ciudadanos y organizaciones “sean rechazados en todos sus términos, atendido que en la RCA se han ponderado debidamente cada una de las observaciones formuladas”.

En paralelo, el abogado del Consejo de Defensa de la Patagonia, Marcelo Castillo, informó que la Corte Suprema acogió la solicitud de alegatos que diversas organizaciones habían hecho con el fin de que los ministros tengan la posibilidad de conocer sus argumentos, al igual que el resto de la ciudadanía. La audiencia se fijó para el próximo viernes 16 de diciembre en la Tercera Sala del máximo tribunal.