El Senado brasileño inició este martes la votación de una reforma a la ley forestal que enfrenta al poderoso sector agroindustrial con ambientalistas, que la consideran una seria amenaza para la preservación de la Amazonía.

De ser aprobada, la norma que regula el uso de la tierra regresará a la Cámara de Diputados antes de ir a sanción presidencial, en un proceso que sus promotores esperan concluir antes de finalizar 2011.

El sector agroindustrial, con una amplia representación legislativa, defiende el texto aduciendo la necesidad de ampliar la frontera agrícola para garantizar la seguridad alimentaria de los brasileños.

Por su parte, los grupos ecologistas se oponen férreamente alegando un impacto irreversible a los esfuerzos contra la deforestación y el calentamiento global a los que se ha comprometido Brasil, anfitrión de la cumbre climática de 2012.

La iniciativa parlamentaria modifica una ley de 1965 que obliga, entre otras cosas, a preservar el 80% de los predios ubicados en la Amazonía, la zona con mayor biodiversidad del planeta.

El llamado nuevo Código Forestal reduce el área que debe ser preservada, protegida y reforestada según su ubicación, y deja sin efecto las sanciones y obligaciones que les fueron impuestas a los propietarios rurales bajo la norma de 1965.

Esto último “es uno de los principales cuestionamientos, porque implica una amnistía para las personas que hasta 2008 no cumplieron la ley que los obligaba a reforestar”, dijo a la AFP Pedro Piccolo, de la ONG Comité Floresta, que rechaza la nueva ley.

“Son 79 millones de hectáreas -equivalente a las superficies de Alemania, Austria e Italia juntos- las que podrían acabar siendo deforestadas”, señaló la ONG WWF.

Sin embargo, los grupos favorables al nuevo Código consideran que el tema ha sido manipulado por las ONG ambientalistas y aseguran que el proyecto regularizará el uso de la tierra sin afectar sensiblemente la naturaleza.

“Acabamos con la dictadura medioambiental en este país (…) En todo este tiempo hemos cumplido con las metas de deforestación”, sostuvo Katia Abreu, senadora de la coalición de gobierno y promotora del proyecto.

El lunes, Brasil anunció una reducción récord en la tala ilegal de la Amazonía. En 2004, la deforestación alcanzó el pico de 27.000 km2 y en 2011 fue de 6.200 km2, la menor cifra en 13 años, según las autoridades.

“Si atendemos la demanda radical de las ONG, no podremos subir la producción de alimentos. Necesitamos aumentar la producción” para combatir la inflación, señaló Abreu.

El gobierno brasileño se comprometió en la conferencia mundial del clima de 2009 a reducir en 80% la deforestación amazónica hasta 2020.

Brasil es el sexto mayor emisor de gases que provocan el calentamiento global del planeta, principalmente debido a la deforestación. El gigante sudamericano cuenta con 5 millones de km2 de bosques, que cubren el 60% del territorio.

Este martes, activistas de la ONG Greenpeace protestaron cerca del Senado brasileño con globos en forma de motosierra en los que se leía: Presidenta “Dilma, desactiva esa motosierra”.

“Este proyecto va a aumentar la deforestación, dar amnistía a los que deforestaron ilegalmente y abre brechas para nuevas concesiones” a los agroindustriales, dijo a la prensa la manifestante Tatiana de Carvalho.

Brasil es uno de los lugares con mayor diversidad del planeta y a su vez el principal exportador de soja y de carne bovina.