En la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional apelarán a la decisión de la Corte de Apelaciones de Valdivia de permitir el uso de bombas lacrimógenas para disuadir a manifestantes, después de las marchas estudiantiles.
El rechazo unánime del pleno de la segunda sala del Tribunal de Alzada ante el recurso de protección que pedía la prohibición de utilizar este elemento, provocó las críticas del recurrente y abogado Fernando Muñoz, acción legal interpuesta en contra del Intendente Regional y de Carabineros, tras los enfrentamientos entre encapuchados y carabineros en las afueras del campus Isla Teja, el 29 de septiembre.
El también docente de Derecho Constitucional de la Escuela de Derecho de la UACh dijo que en el fallo esperaba más de los ministros, para hacer restablecer el derecho.
A juicio del abogado, el tema de fondo es el criterio con el que se utilizan las bombas lacrimógenas, habiendo sólo una regulación interna de carabineros para esos fines, además de que nadie fiscalizaría. Todo ello debiera estar tipificado en un Ley o en una sentencia judicial, que respete los principios constitucionales como que el actuar estatal esté sometido por criterios de racionalidad y no de arbitrariedad.
Muñoz aseguró que con la acción legal que la elevará a las ya nombradas instancias se busca además establecer que en el resguardo del orden público, no sufran terceras personas que son ajenas a los enfrentamientos entre la policía y encapuchados.
El profesional y también docente de la UACh también tomó contacto con el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, diputado Enrique Acorssi, a quien le entregó una documentación jurídica acorde a la discusión y que desde su punto de vista, no corresponde que los carabineros ocupen los gases lacrimógenos sin que haya criterios estrictos establecidos para su utilización.
