Agrupaciones de Derechos Humanos y familiares de víctimas de la dictadura interpusieron acciones legales contra el Presidente de la República por las exclusiones en el informe de la Comisión Valech.
En la Corte de Apelaciones de Santiago, el Comando Unitario de Ex Presos Políticos y familiares de víctimas de la dictadura recurrieron a la justicia por las cerca de 22 mil personas excluidas de los beneficios de la Comisión Valech.
A través de un recurso de protección contra el presidente Piñera, la organización exigió que se abra un proceso de apelación por un plazo de seis meses.
La Comisión Valech, tras su reapertura, recogió los testimonios de 32 mil 500 personas, calificando sólo 9 mil 800 casos para otorgar beneficios como una pensión vitalicia, atención de salud preferencial y ayuda en educación.
En tanto, otros 4 recursos de protección contra el presidente Sebastián Piñera fueron interpuestos por la Agrupación de Ex Presos Políticos de la Quinta Región y los Ex Menores Víctimas de Prisión Política y Tortura.
Ambas agrupaciones concurrieron a la Corte de Apelaciones de Valparaíso para entablar estos recursos judiciales a nombre de 4 casos locales emblemáticos de víctimas de atropellos a los Derechos Humanos ocurridos durante el Gobierno Militar, los cuales no habrían sido incluidos en el último informe Valech.
El presidente de la Agrupación de Ex Presos Políticos de la Quinta Región, Nelson Aramburu, indicó que con estos recursos de protección pretenden que el Gobierno restituya la comisión Valech con el fin de revisar el último informe entregado, en el cual existirían serias omisiones de casos documentados.
Por su parte, la presidenta de la agrupación Ex Menores Víctimas de Prisión Política y Tortura, Viviana Fernández, indicó que en la región se presentaron cerca de 3 mil casos de víctimas de atropellos a los DDHH, de los cuales el último informe sólo habría acogido cerca de 1.500, algo que la agrupación cuestiona considerando la calificación de casos de victimarios en el nuevo informe:
Finalmente, ambas agrupaciones plantearon la necesidad de que la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura tenga carácter permanente, algo que consideran sería un precedente histórico en la defensa de los Derechos Humanos en Chile.
