El Estado chileno declaró en calidad de acusado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para defender la decisión de quitarle la tuición de sus hijas a la jueza, Karen Atala, por su condición homosexual.
Que tras el fallo de la Corte Suprema nunca más pidió la tuición de sus hijas ni la ampliación del régimen de visitas, fueron algunos de los argumentos que presentó el Estado para defender su postura, de que la jueza Karen Atala no fue discriminada.
Además ofreció aumentar los cursos de formación en esta materia a los funcionarios públicos y del poder judicial basándose en la guía elaborada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para este tema.
El abogado del Estado, Miguel Ángel González, aseguró que Atala nunca ha sido discriminada en su trabajo fiscal, que actualmente ejerce en el 14° Juzgado de Garantía, lo que dijo, prueba que no se le ha enjuiciado por ser lesbiana.
Mientras que su defensor, Francisco Cox, tiene la convicción que ésta corte internacional les dará la razón acusando al Estado chileno de discriminatorio.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Jorge Contesse, explicó que las sentencias de tribunales internacionales son vinculantes y exigen que el Estado culpable tome medidas reparatorias.
El argumento judicial para quitarle la tuición a Atala, fue que superpuso su interés personal por sobre el de las niñas, que podrían ser discriminadas por vivir con su madre y su pareja homosexual.
