Los países centroamericanos decidieron combatir juntos, por primera vez desde 1856, para oponerse a que la región sea bastión del narcotráfico, pero “aterrizar” los ambiciosos acuerdos de la cumbre de seguridad de Guatemala será una tarea titánica, advierten los analistas.

En esta cita de dos días fue consensuado un plan estratégico de seguridad para una región que, según la ONU, es la más violenta del mundo (con excepción de las zonas de guerra), y que está en jaque por la acción de poderosos cárteles de drogas y las temidas maras o pandillas.

“Yo creo que fue una reunión muy exitosa, hacía mucho tiempo que no estaban todos los presidentes centroamericanos juntos”, dijo el secretario general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Francisco Rojas, a la AFP.

El encuentro, al que acudieron también los presidentes de México y Colombia, la jefa de la diplomacia estadounidense, Hillary Clinton, y la canciller española, Trinidad Jiménez, culminó con un plan de acción común y promesas de aportes por 2.000 millones de dólares para combatir el crimen.

“La última vez que las naciones centroamericanas lucharon juntas fue en 1856, cuando se expulsó a (William) Walker”, jefe de los ‘filibusteros’ estadounidenses que se apoderaron de Nicaragua, destacó el secretario general del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Juan Daniel Alemán.

Sin embargo, los analistas advirtieron que instrumentar los 22 proyectos de prevención y represión al crimen del plan conjunto será complejo para siete países que tienen rencillas mutuas, instituciones débiles, pocos recursos y elevada corrupción, y cuyos empresarios frenan todo intento de subir los impuestos.

Ahora “viene lo más difícil e importante, que es cómo va aterrizar y se implementa (el plan) en cada país, de lo contrario quedará solo como buenas intenciones”, dijo el analista guatemalteco Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, una ONG que monitorea los poderes del Estado, a la AFP.

La debilidad institucional favorece crisis políticas -como la que generó un golpe en Honduras en 2009- y que estructuras criminales operen dentro del Estado, incluida la policía, como en Guatemala.

“Los problemas de institucionalidad en Centroamérica han sido identificados y analizados en numerosos estudios. A ellos se suman las condiciones estructurales que perpetúan la pobreza y la marginalidad”, dijo el analista panameño Carlos Guevara-Mann, profesor de la Universidad de Nevada en Reno (EEUU), a la AFP.

Rojas indicó que en los países del istmo, que en conjunto tienen 40 millones de habitantes (equivalentes a la población de Argentina), “no hay capacidad institucional para gestionar” los proyectos.

“Hay que desarrollar capacidad institucional en el SICA”, aconsejó.

El plan intenta contener a los cárteles que buscan en el istmo una vía alternativa para llevar la cocaína sudamericana a Estados Unidos luego de que México lanzara una ofensiva militar contra ellos en 2006.

Pero en la región el combate contra los narcos enfrenta un obstáculo adicional, ya que no se podrá militarizar, como en México o Colombia, pues dos países no tienen ejército: Costa Rica y Panamá, dijo Rojas.

“Costa Rica no va a aceptar que esto sea manejado por las fuerzas armadas; tiene que haber un liderazgo civil en esta lucha”, advirtió el directivo de la FLACSO.

La cumbre culminó con promesas de aportes internacionales por 2.000 millones de dólares, que serán manejados por el SICA y no por los países, pero al menos tres cuartas partes corresponden a créditos, que deberán ser pagados algún día.

Esto implica una pesada carga adicional para Nicaragua, Honduras y Guatemala, que necesitan cada año donaciones externas para financiar su presupuesto.

“Si los países centroamericanos quieren hacer más efectiva su lucha contra el crimen organizado deberán endeudarse con créditos, y a fin de cuentas quienes van a terminar pagando el costo serán los mismos pobres de siempre”, dijo el politólogo Antonio Martínez, de la Universidad de El Salvador, a la AFP.

Las únicas donaciones anunciadas en la cumbre fueron las de Estados Unidos (USD 40 millones que se suman a otros 260 millones destinados antes), Australia (25 millones) y Canadá (5,3 millones).