El Gobierno junto a parlamentarios oficialistas reiteraron los descuentos en los salarios de los trabajadores del sector público que adhirieron al paro, agudizando aún más la relación entre los funcionarios y las autoridades. Pero la Concertación hizo un llamado a las autoridades a revocar esta decisión.

La orden del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, de aplicar descuentos en los sueldos de los funcionarios públicos, tras siete días de paralización, desató un nuevo conflicto entre los trabajadores y el Gobierno.

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, fue enfático indicar que las movilizaciones no eran necesarias para negociar el reajuste salarial.

Mientras que el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, volvió a reiterar que se cumplirá la ley y que se efectuarán estas rebajas salariales.

En esta misma línea, el presidente de la UDI, senador Juan Antonio Coloma, insistió en que los descuentos deben ser efectivos, debido a la paralización que sostuvieron los trabajadores.

Pero desde la otra vereda política, el presidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, junto al jefe de la bancada de los senadores del partido Andrés Zaldívar llegaron a la sede de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, Anef, para brindar su apoyo ante esta nueva polémica.

Así Walker hizo un llamado al gobierno para llegar a un acuerdo con los funcionarios y de este modo, revocar esta medida. Además, el senador Zaldívar pidió a las autoridades que cumplan los compromisos pactados en el Congreso frente a los masivos despidos que afectan a cerca de 8 mil personas del sector público.

Este protocolo buscaba que cada persona despedida podía reclamar con el subsecretario encargado del área y luego de 30 días apelar con el ministro. El parlamentario agregó que con estas determinaciones el Gobierno busca amedrentar a los trabajadores.

En tanto, el presidente de la Anef, Raúl De la Puente, calificó como un pésimo regalo de navidad esta medida adoptada por el Gobierno.

Incluso aclaró que, durante el proceso de negociación, no se discutió el tema de las consecuencias económicas que podría generar las movilizaciones. Por ello, insistió en que recurrirán a todos los mecanismos suficientes para apelar contra esta medida.

Los dirigentes de los funcionarios del sector público advirtieron al Gobierno que esta rebaja en las remuneraciones provocará agudizar aún más el conflicto que mantienen.