La oposición ecuatoriana descargó en el presidente Rafael Correa la responsabilidad de la rebelión policial del jueves, mientras el gobierno denunció el “silencio cómplice” de esos sectores que desmintieron la versión sobre un intento de golpe de Estado.
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Entretanto, las autoridades anunciaron que la Policía volvió a operar con normalidad este lunes, y la ley que motivó la sublevación entró en vigencia desde la medianoche del domingo.
Líderes opositores como Gilmar Gutiérrez -señalado por Correa como responsable de la intentona golpista- y César Montúfar culparon al gobernante de la insurrección, que dejó diez muertos y 274 heridos, al tiempo que negaron que haya habido un intento para derrocarlo.
“El responsable de la masacre se llama Rafael Correa”, dijo a la AFP Gutiérrez, hermano del derrocado ex presidente Lucio Gutiérrez, también señalado por el mandatario como autor de la tentativa golpista.
“No es la primera vez que nos acusa de una supuesta conspiración, pero siempre ha quedado como un charlatán”, añadió.
Gutiérrez aseguró que lo ocurrido el jueves fue una “huelga policial puertas adentro” de los cuarteles, que degeneró en desórdenes porque Correa fue hasta uno de estos en Quito para “desafiar” a los agentes que protestaban contra una ley que eliminó bonificaciones para los servidores públicos.
Montúfar coincidió en que esa norma y otra sobre educación, impulsadas por el gobierno, fueron el “detonante de esta crisis por la forma como fueron pasadas” por la mayoría oficialista.
“No creo que hubo ni un golpe de Estado ni secuestro del presidente. Hay suficiente evidencia de que nadie quería tomarse el poder y que mientras estuvo en el hospital de la Policía pudo actuar, conversar, dio órdenes, declaró el estado de emergencia, que todos los medios se enlazaran en la cadena nacional”, observó Montúfar.
Correa aseguró haber sido retenido por insurrectos en un hospital donde se refugió tras ser agredido por manifestantes, de donde fue rescatado varias horas después en un operativo militar.
La ministra de la Política, Doris Solís, denunció este lunes que la oposición mantuvo un “silencio cómplice” durante la rebelión, e insistió en que el presidente sufrió un intento de golpe de Estado.
“Hubo un silencio cómplice de otras fuerzas que no se pronunciaron, que estuvieron en la Asamblea (Legislativa) con posiciones ambiguas”, indicó a la AFP.
La ministra señaló además que los partidos Sociedad Patriótica (SP) -de los Gutiérrez- y Movimiento Popular Democrático (MPD, extrema izquierda) participaron activamente en la sublevación.
Solís evocó imágenes que muestran a dirigentes cercanos a SP “dirigiendo los actos” de insurrección y tomando a la fuerza un canal público. También, fotos en las que se ve a líderes del MPD “agitando desde camionetas de la Policía”.
Analistas como Hernán de Reyes, de la Universidad Andina Simón Bolívar, cuestionaron la actitud de legisladores como la indígena Lourdes Tibán, quien en medio de la revuelta afirmó en un comunicado: “¡Bien, señores policías y militares, mil veces bien. Ya era hora que dejen de ser simples tropas!”.
El gobierno criticó, en tanto, que aún cuando Correa seguía secuestrado, Gilmar Gutiérrez planteó al Congreso una amnistía para todos los implicados, incluido el jefe de Estado. “Fue para calmar los ánimos”, se justificó el político.
Mientras tanto el ministro de Seguridad, Miguel Carvajal, informó que “la situación está normalizándose” y “los policías han salido a trabajar en todo el país” el lunes.
En paralelo se inició una reestructuración del organismo de 42.000 miembros, que implica que algunos oficiales fueran asignados a tareas administrativas y estén bajo vigilancia.
También este lunes entró en vigencia la ley de servicio público que eliminó bonificaciones por ascensos, años de servicio, condecoraciones, aniversarios y regalos navideños para la fuerza pública.
