Informe del Ministerio de Defensa que detalla la situación de militares condenados por violaciones a los derechos Humanos, fue entregado hace un mes al Presidente Sebastián Piñera.
El texto incluiría a militares que no fueron condenados a cadenas perpetuas para beneficiarlos en propuesta de indultos del Bicentenario.
Así lo confirmó el ministro de defensa, Jaime Ravinet, quien aseguró que el informe tiene carácter de reservado y que fue solicitado por el Presidente, Sebastián Piñera, para evaluar posibles beneficios a militares condenados por casos de derechos humanos en su propuesta de indulto bicentenario.
En el informe se detalla que a la fecha hay entre 70 y 80 ex uniformados condenados y se propone dos tipos de escenarios para entregar beneficios carcelarios, una que es de exclusiva facultad del Presidente y otra general.
Según versiones de prensa, la propuesta incluiría a militares condenados cuya sentencia no es cadena perpetua a estos beneficios. Opción que de inmediato generó críticas desde la oposición, es el caso del partido socialista que calificó de “inmoral” el texto.
Apremios que el ministro Ravinet llamó a replantear, ya que dijo primero deben conocerse todos los antecedentes.
En esa línea se manifestó también la ministra secretaria general de Gobierno Ena Von Baer, quien señaló que cuando el gobierno entregue su propuesta final, ésta responderá a tres lineamientos principales.
Planteamiento que en la Alianza comparten el senador UDI, Hernán Larraín, quien llamó a oír todas las opciones.
Una línea que no comparte la Concertación, así lo señalaron los presidentes de partido que insisten en su negativa de otorgar indultos o beneficios carcelarios a militares condenados por causas de Derechos Humanos.
Así lo explicó la presidenta del PPD, Adriana Muñoz.
Cabe señalar que la propuesta final del Gobierno aún no se ha entregado, ya que éste espera analizar todas las opciones que se barajan, incluida la de la Iglesia católica que se espera entregue en los próximos días.
En este informe se estaría vetando a los militares que tuvieran más de una condena y a los que enfrenten pena por presidio perpetuo, es decir, Manuel Contreras y todos los integrantes de la cúpula de la DINA quedan fuera. Sin embargo, habría que dividir las violaciones a los derechos humanos registrados entre 1973 y 1978 que es donde impera el delito de lesa humanidad, ya que aquí se aplica porque se dio el estado de guerra.
No obstante, si se sigue con esta misma lógica, los delitos cometidos también por organismos del régimen militar -CNI o DINE- durante la década de los ’80, las personas que en estos momentos están cumpliendo condena sí podrían acceder a este beneficio.
En este ámbito, está el caso del crimen de Tucapel Jiménez que no fue investigado ni se realizó una sentencia. En tanto, el general Ramsés Álvarez Sgolia, que enfrenta 8 años de pena efectiva en la cárcel, podría acceder a este beneficio, como también los brigadieres Víctor Pinto Pérez y Maximiliano Ferrer Lima.
