La constructora San Sebastián anunció que defenderá en tribunales la legalidad de sus contratos frente a la decisión del Ministerio de Vivienda de demoler más de 50 viviendas en el sector de El Olivar en Viña del Mar, asegurando que las acusaciones en su contra son infundadas y carecen de respaldo técnico.
Recordemos que esta situación —que compromete a damnificados por el megaincendio— escaló hasta el plano judicial, ya que fue el propio titular de la cartera, Ivan Poduje, el que firmó una denuncia contra el privado, apuntando a una falta de elementos que garanticen rigidez estructural, uso de paneles no certificados como elementos sismorresistentes y deficiencias en la resistencia al fuego.
Según la defensa de la constructora, informes del IDIEM de la Universidad de Chile —encargados por la propia autoridad— descartaron riesgos estructurales, señalando que las observaciones detectadas pueden ser corregidas mediante soluciones técnicas viables.
De hecho, también apuntó a una eventual responsabilidad del Servicio de Vivienda y Urbanismo, indicando que el proyecto fue revisado, aprobado y certificado por dicho organismo, por lo que —a su juicio— no corresponde atribuir fallas a la empresa constructora, que se limitó a ejecutar lo mandatado.
Además, Jaime Barrientos, abogado de la empresa constructora San Sebastián, recalcó que el privado no puede hacerse cargo del diseño del proyecto.
GORE busca frenar demolición
En paralelo, el Gobierno Regional se reunió con representantes de El Olivar con la finalidad de exponer el contenido del recurso de amparo que hace unos días interpusieron en la Corte Suprema para frenar la demolición.
El gobernador regional, Rodrigo Mundaca, resaltó la posibilidad de reforzar las viviendas involucradas, sin la necesidad de ser destruidas.
Han sido diversas figuras de la oposición las que han solicitado una revisión de la legalidad de este procedimiento por parte de la Contraloría.
Más allá del propio Mundaca, la bancada PPD-Independientes también ofició al organismo para que se pronuncie respecto a la eventual existencia de presuntos informes forzados utilizados como fundamento para la demolición.
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