El Tribunal de Garantía de Valdivia rechazó reabrir el caso conocido como el “Del Conservador de Bienes”, investigación cerrada por la Fiscalía y que acusa a 10 personas por apropiarse de manera fraudulenta de dos fundos, para participar en mercados internacionales por la venta de bonos de carbono.
En la oportunidad, la defensa de tres de los imputados representada por el defensor Cristián Otarola y el abogado particular César Garnica, solicitaron la reapertura del caso, por considerar que habían diligencias que en la etapa investigativa no se hicieron.
El fiscal Juan Pablo Levedina indicó que en la audiencia él como representante del Ministerio Público debió explicar porqué tales indagatorias no las solicitó.
Entre estas diligencias estaban -entre otras- oficiar a la Corte Suprema sobre una anulada por la Corte de Apelaciones; periciar la tinta y el bolígrafo con el que se habría intervenido uno de los libros del Conservador de Bienes Raíces por parte de uno de los imputados; o bien oficiar al juzgado de Letras de Los Lagos sobre la participación legista de uno de los involucrados en la investigación, además de la petición de citar a declarar a más personas.
Pero el Tribunal consideró que aquella petición de la defensa eran inconducentes e impertinentes, confirmando que la investigación permanece cerrada, para fijar una fecha de preparación de Juicio Oral.
La fecha de preparación de Juicio oral deberá estar fijada entre el 19 y 28 de junio, según dispone la Ley.
Recordemos que las se trata de la investigación contra quienes fueron partícipes del uso de escrituras falsas para apoderarse de los fundos Trafún y Rupumeica – Hueinahue, comuna de Los Lagos y Futrono respectivamente, desde el 2007.
Los ilícitos comenzaron a gestarse al interior del Conservador de Bienes Raíces de Valdivia, cuando un ex funcionario junto a un abogado, un corredor de propiedades, un egresado de derecho y un egresado de Ingeniería Comercial, más otras personas comenzaron a cambiar el historial de las escrituras de los predios, y así dejarlos inscritos a nombre de un falso dueño, había indicado la Fiscalía Regional.
La intención –según el organismo- era apoderarse de dichos retazos para participar en mercados internacionales, con la venta de bonos de carbono, a través de una organización creada para tales efectos, la ONG para el Desarrollo Económico y Cultural de la Provincia de Valdivia.
Uno de los acusados por este caso, aseguró que el Ministerio Público estaría siendo presionado por el Conservador de Bienes Raíces de Valdivia para –según dijo- salvar su responsabilidad en esta causa.
Se trata del ingeniero comercial Emir de la Guarda Caminos, sindicado en la investigación del fiscal Levedina como le gestor de la ONG.
El imputado respondió la declaración que emitió la vocera de la Fiscalía Regional, Lorena Sandaña, quien dijo que las personas son acusadas por los delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento público y falso, y estafa. Esto, según la abogada, después de comprobarse de la falsificación de documentos ligados a bienes raíces que utilizaron para la enajenación, transacción, intermediación, circulación e intermediación de predios correspondientes a dos fundos, tras denuncia del mismo conservador de Bienes Raíces, Teodoro Croquevielle.
De la Guarda dijo a La Radio que fue é junto a otras dos personas de la ONG que denunciaron el hecho, del cual se considera completamente inocente.
Incluso, denunció que el Ministerio Público, tanto el fiscal del caso Juan Pablo Levedina como el fiscal Regional, Rafael Mera, estarían recibiendo presiones por parte de Croquevielle.
Al respecto, el imputado señaló que el Ministerio Publico pretendería minimizar la responsabilidad del propio conservador de Bienes Raíces de Valdivia, denunciando negligencia inexcusable en contra del custodio, indicó de la Guarda.