La senadora Isabel Allende presentó un proyecto de ley que establece un estatuto especial de responsabilidad de tales entidades ante sismos.

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Será la Comisión de Vivienda de la Cámara Alta la encargada de analizar el proyecto presentado por la senadora Isabel Allende que establece una rigurosa normativa para que las empresas constructoras e inmobiliarias se hagan responsables de actuar con rapidez y sin subterfugios en los casos de daños causados por terremoto.

La iniciativa dispone un estatuto especial de responsabilidad para tales entidades ante casos de sismos, evitando la calificación de esos eventos como “casos fortuitos” o de “fuerza mayor”.

Para ello establece un nuevo capítulo dentro de la Ley General de Urbanismo y Construcción, donde se señala que el representante legal de la constructora deberá realizar una declaración jurada señalando cual es el tiempo de vida útil que tendrá el inmueble y ésta deberá ser informada por la inmobiliaria al momento de ofrecer el inmueble al consumidor.

El tiempo declarado como vida útil determinará hasta qué momento deberá responder la constructora y la inmobiliaria por los daños que se originen producto de sismos. A su vez, determinará la imposibilidad de término de giro social y de traspaso de bienes pertenecientes al patrimonio de la sociedad.

A su juicio, es indispensable evitar situaciones como “las que observamos tras el terremoto del 27 de febrero, con un edificio derrumbado y decenas con peligro de derrumbe. Por ello es urgente fijar una serie de exigencias legales a las inmobiliarias para que a la hora de responder frente a una tragedia no se laven las manos, como lo están haciendo muchas luego del terremoto”.

Por ello, propone que las constructoras e inmobiliarias respondan solidaria y objetivamente por los daños ocasionados por sismos en los inmuebles construidos y vendidos por ella. Si el inmueble es declarado con riesgo de derrumbe o colapso, la constructora e inmobiliaria deberán responder en forma “inmediata, tanto por el valor del inmueble como por el daño moral que el hecho produzca”.

Asimismo, indicó que la iniciativa también establece presunciones en materia de responsabilidad respecto de la constructora y la inmobiliaria. Esto, precisó, porque la normativa actual en materia de construcción contiene una serie de falencias en materia de responsabilidad, las cuales se han hecho evidentes con los problemas que han surgido con el último sismo que sufrió nuestro país.

“Estamos frente a un tema bastante complejo y de un tecnicismo elevado, por lo que, además del deber de información que le asiste al comprador, es necesario entregar una serie garantías al momento de perfeccionar el contrato de compraventa”, advirtió.