El Estado de Chile suscribió un acuerdo de reparación en favor de los ex carabineros desvinculados por la institución en 1998, tras una protesta en que sus esposas denunciaron los bajos sueldos de los funcionarios.
Los hechos se remontan al 27 de abril de 1998, cuando alrededor de 200 esposas y convivientes de funcionarios de Carabineros marcharon por la Alameda en Santiago reclamando por los bajos sueldos de los funcionarios, siendo violentamente reprimidas y encarceladas por efectivos policiales.
Posterior a aquello, los carabineros cuyas cónyuges participaron de la protesta, fueron desvinculados de la institución en un irregular proceso de calificación arbitrario y sin defensa.
Por dicha causa, y tras recurrir los ex funcionarios a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado de Chile decidió suscribir un acuerdo amistoso de reparación, consistente en dinero y limpieza de antecedentes, entre otros.
Así lo explicó el abogado de los afectados Sergio Espejo, quien sostuvo que se trata de un acuerdo histórico en que el Estado reconoce que cometió un grave error con los carabineros.
Situación que dejó satisfechos a los funcionarios y a sus esposas, pero no del todo conformes. Mario Araya, uno de los carabineros desvinculados en 1998, sostuvo que, de todas formas, se sienten contentos pues tras 11 años de lucha, lograron conseguir una reparación.
Desde el Gobierno también hubo pronunciamiento. Carmen Hertz, directora del departamento de Derechos Humanos de la Cancillería, junto con recordar que instituciones internas de nuestro país, como la Corte Suprema, ratificaron las expulsiones de los funcionarios, es valorable que el gobierno evite una confrontación con los ex funcionarios ante la Corte Interamericana.
Dentro de un plazo de 30 a 60 días, el Gobierno deberá empezar a concretar las reparaciones a los ex funcionarios policiales y a sus esposas, y deberá estar informando periódicamente de los avances ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
