El Nobel de la Paz de Argentina, Adolfo Pérez Esquivel, denunció este sábado la existencia de una “mafia policial” detrás del robo de expedientes de una dependencia oficial con denuncias que incriminaban a militares de la dictadura (1976-83) perpetrado la semana pasada.
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“Hay una mafia dentro de la Policía Bonaerense y una violencia social y estructural que se está viviendo en todo el país”, dijo Pérez Esquivel a radio Brisas.
El dirigente social, galardonado con el Nobel en 1981, reclamó al gobierno una “reforma profunda de la Policía Bonaerense” tras la captura de un ex efectivo de esa fuerza acusado de participar en el robo a la Secretaría de Derechos Humanos de Buenos Aires, en La Plata (60 km al sur).
El robo tuvo lugar el 30 de diciembre pasado cuando tres hombres armados irrumpieron en la sede de la secretaría, maniataron y amenazaron de muerte a su titular, Sara Derotier de Cobacho, junto a varios de sus colaboradores según la denuncia oficial.
“Esa gente va a seguir tratando de imponer el terror y la sociedad tiene que estar preparada para enfrentar todo esto”, advirtió Esquivel.
El robo y la intimidación se produjeron en momentos en que se llevan adelante juicios por terrorismo de Estado, entre ellos al ex capitán de la Marina de guerra Alfredo Astiz, alias ‘El angel rubio de la muerte’, acusado del secuestro de dos monjas francesas, entre otros delitos.
El sábado fue detenido un ex policía de nombre Juan Mateo, exonerado de la división de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía de Buenos Aires en setiembre pasado por “delitos graves” tras una investigación interna, divulgó el jefe de la fuerza, Juan Carlos Paggi.
En el robo se llevaron cerca de 40 expedientes con testimonios sobre la represión durante la dictadura y la computadora personal de Cobacho donde la funcionaria tenía registradas denuncias por corrupción policial.
Cinco nuevos juicios contra militares y policías que actuaron en la represión dictatorial están a punto de comenzar en 2010.
Por los crímenes de lesa humanidad hay 1.254 involucrados en 204 causas judiciales, con 526 represores bajo proceso, de los cuales 385 están detenidos, en un país donde desaparecieron 30.000 personas durante el régimen, según organismos defensores de derechos humanos.
