Es un fantasma que ha penado la candidatura del abanderado de la Concertación, Eduardo Frei. Acusaciones de intervencionismo electoral no han dejado de surgir desde sus adversarios en la carrera a La Moneda. Una de ellas, la denunciada en la Región de O’Higgins, tomó su curso en la justicia.
En horas de la mañana, personal de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI y la Fiscalía de Rancagua realizó un triple allanamiento: a la Intendencia de la Región de O’Higgins, la sede de la DC en Rancagua y la casa de la secretaria regional de la DC, Sara Romero.
La acción tiene por objetivo proteger las pruebas que sirvan para la indagación del delito que se investiga, por violación al secreto funcionario en que habría incurrido la DC Sara Romero, con tal de recopilar información, petición materializada en una reunión efectuada el 23 de julio pasado, a la que se pedía a los asistentes llevar consigo “detalle de los programas implementados en su servicio por distrito y base de datos”.
Convocatoria con la que Sara Romero caería – si se comprueba el delito- según el fiscal, en la violación de secreto de funcionario público, que dice relación con la vida privada, datos que como obligación deben mantenerse en reserva.
De ser efectiva este uso de datos de beneficiarios de programas de Gobierno para impulsar la campaña de la Concertación, la funcionaria se arriesga a ser suspendida del cargo y una multa, tal como lo explica el fiscal Luis Toledo.
La segunda parte de la indagación será recoger los testimonios de quienes asistieron a esta reunión el 23 de julio pasado, en la sede regional de la DC. Entre ellos, estaba el Intendente regional de O’Higgins, Héctor Huenchullán, quien esta tarde entregó al ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, los resultados de la investigación administrativa pedida por el jefe de Gabinete.
