En una decisión considerada histórica el papa Francisco eliminó el secreto pontificio para las denuncias de abusos sexuales, una petición de las víctimas que garantizará mayor transparencia ante una realidad que ha desacreditado enormemente a la Iglesia católica. Para los expertos, esto deja fuera al informe Scicluna, aunque la Fiscalía esta semana insistirá en la petición al Vaticano.
El “secreto pontificio” se refiere a la confidencialidad en el manejo judicial de los casos de abusos sexuales por parte de sacerdotes y otros delitos graves de este tipo.
Eso sí, “la información se tratará de manera que se garantice la seguridad, integridad y confidencialidad de las víctimas”.
Pero además, desde ahora no puede imponerse ningún vínculo de silencio con respecto a los hechos encausados, ni al denunciante, a la persona que afirma haber sido perjudicada, como tampoco a los testigos.
La norma, que entrará en vigor inmediatamente, facilita la colaboración concreta con los Estados donde hay mandatos judiciales.
Con la nueva disposición, el papa responde a los pedidos hechos durante la inédita cumbre dedicada a los abusos sexuales y la pederastia celebrada en febrero en el Vaticano.
Tras la cumbre, Francisco divulgó en mayo un ‘Motu Proprio’, una ley que por primera vez imponía a sacerdotes, religiosos y religiosas la obligación de denunciar no sólo los casos de abuso sexual, sino también el acoso y el encubrimiento.
Con las nuevas normas el papa establece también como delitos graves “la adquisición, posesión o divulgación, con fines libidinosos, de imágenes pornográficas de menores de dieciocho años por parte de un clérigo, de cualquier forma y por cualquier medio”.
Hasta ahora el delito de pornografía infantil incumbía a menores de 14 años, pero la edad fue aumentada.
El papa eliminó también la obligatoriedad de que el abogado y el fiscal de los delitos más graves contra la moral tengan que ser sacerdotes, es decir, le abre las puertas a laicos.
No afecta secreto de confesión
Sin embargo, la ley no afecta al “secreto de confesión”, que sigue vigente, según explicó Andrea Tornielli, director editorial del Vaticano.
“Por ejemplo, por los impedimentos que existían hasta este momento la víctima no tenía la oportunidad de conocer la sentencia que siguió a su denuncia, porque existía el secreto pontificio”, añadió.
En un comunicado, el obispo español Juan Ignacio Arrieta, secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, explicó que la eliminación del secreto pontificio en los casos de delitos de abusos sexuales no supone un menoscabo al secreto de confesión.
Scicluna destacó decisión de Francisco
Charles Scicluna, secretario general adjunto para la Congregación de la Fe y considerado el mayor experto de pederastia en el Vaticano, consideró que se trata de una decisión histórica en el contexto de la institucionalidad jurídica del secreto pontificio y llega en el momento justo.
Scicluna, además, explicó que no se trata de que la información sea pública, sino que se mejora la colaboración.
“No son de dominio público, pero por ejemplo se facilita la posibilidad de una colaboración más concreta con el Estado, en el sentido de que la Diócesis que tenga documentación ya no está atada al secreto pontificio y puede decidir cómo debe colaborar bien, entregando una copia de la documentación también a las autoridades civiles”, señaló.
Respecto al sentido práctico de la medida, el abogado canónico de Voces Católicas, Alejandro Álvares, entregó algunas luces señalando que a su juicio, no corresponde la entrega íntegra del informe Scicluna, pero sí información de casos específicos que son parte de indagatorias penales.
“El informe Scicluna no es una causa canónica, por lo tanto no está dentro de las que se podría acceder a la información. No obstante, como el mismo monseñor Scicluna dio curso a denuncias canónicas, si esa información está en una causa canónica, se tendría acceso a ella”, explicó.
Víctimas de abusos valoraron la medida
Entre las víctimas hubo una recepción con matices, aunque la valoraron. Una de las víctimas de Fernando Karadima, Juan Carlos Cruz, consideró que se trata de una bomba para los religiosos.
“Esto es una bomba especialmente para los obispos, que querían mantener todo esto en la oscuridad, que se amparaban bajo el secreto pontificio para no mostrar ninguna evidencia, las pruebas, esconderlo todo”, señaló.
“Ahora por ley no pueden hacerlo y eso es tremendamente importante y un triunfo para tantos sobrevivientes que han estado peleando por esto”, destacó.
Mientras que el vocero de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos, Helmut Kramer, dijo que lo relevante es que se traduzca en una ley en Chile.
“Es un avance, pero es un Estado externo. En primer lugar para nosotros lo importante es que sea ley en Chile. Si Jorge Bergoglio es coherente con la decisión que está tomando, entonces que envíe de inmediato el informe Scicluna a la Fiscalía chilena”, pidió.
Fiscalía pedirá nuevamente informe Scicluna
De hecho, a la luz de esta decisión, la Fiscalía pedirá esta semana documentación a través de la Cancillería, de expedientes canónicos que involucran a imputados investigados por el Ministerio Público, incluyendo ese informe Scicluna.
Así lo sostuvo el director de la Unidad de Colaboración Internacional de la Fiscalía Nacional, Antonio Segovia.
“El informe ya se ha solicitado en dos oportunidades y hasta el momento no ha sido entregado por las autoridades de El Vaticano, y nosotros esta semana estamos reiterando toda la respuesta”.
“Nosotros esperamos que con esta decisión del Papa podamos acceder de manera ágil, rápida y oportuna a información y antecedentes que son relevantes para poder concluir las investigaciones en curso”, agregó Segovia.
A la fecha, la Fiscalía de Chile tiene abiertas 159 investigaciones por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes y adultos cometidos por clérigos y laicos relacionados con la Iglesia Católica. Estás investigaciones involucran a 271 víctimas.
Gabriel Henriquez, abogado de Óscar Muñoz Toledo, el excanciller de la iglesia, que tendrá en marzo el juicio en su contra por abuso sexual, violación y estupro, dijo que esta noticia no les inquieta, pues en caso de requerir información a la iglesia, tendría que abrirse una nueva indagatoria.
“Los hechos denunciados en esos procesos no fueron formalizados en la investigación penal, y los que renunciaron después del inicio del proceso canónico, ya están incorporados en el proceso penal”, detalló.
“De ser posible, no nos incomoda. Creemos que no hay ningún antecedente que ahí pueda alterar lo que ya tenemos en el proceso penal”, estimó.
Ana María Celis, presienta del Consejo Nacional de Prevención de Abusos y Acompañamientos a Víctimas de la Conferencia Episcopal, en una declaración grabada y sin acceso a preguntas, dijo que en parte eso en Chile ya se cumple y afrontó las críticas.
“En Chile en concreto pasa a ser normativo lo que ya se había asumido de manera práctica desde el 3 de agosto del 2018”, aseguró.
“Yo comprendo que puedan haber críticas, pero el camino que se ha emprendido es justamente ir dando pasos en reconocer lo que no se ha hecho bien, y por otro lado en crecer en materia de flujos de colaboración con Fiscalía Nacional”, justificó.
Según el experto en la historia de la Iglesia, Marcial Sánchez, esto puede tener una mano de vuelta que “podría ser muy dura”.
“El Papa está siguiendo una ruta, una ruta que él comenzó en un momento determinado y no ha dado marcha atrás. Ha sido bastante rápido creo yo, el problema del fuego cruzado que tiene hoy día dentro del Vaticano, va a continuar cada día, pero el tiene que seguir haciendo su trabajo”, estimó.
