En dependencias del Centro de Justicia y por aproximadamente una hora fue interrogado Mauricio Hernández Norambuena, quien llegó a nuestro país a casi 23 años que se fugara en un helicóptero desde la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, donde cumplía dos sentencias relacionadas con el asesinato del senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán, y el secuestro de Cristián Edwards.

Fue precisamente ese hecho -la huida desde el recinto penitenciario- lo que le consultó el ministro en visita Mario Carroza al “Comandante Ramiro”.

El juez indicó que al llegar a este punto, Hernández Norambuena se acogió a su derecho a guardar silencio, para evitar autoincriminarse e incriminar a las demás personas que participaron y los ayudaron.

De todas formas, entregó un detalle sobre esa huida y una particular referencia al canasto que los sacó desde la Cárcel de Alta Seguridad en 1996.

“Se cubrió con chalecos antibalas. Entonces había que comprar esos chalecos antibalas para poder hacer la cobertura. Quién entregó esos chalecos antibalas o a quién se adquirieron, es un tema que él no quiere entregar”, precisó Carroza.

Poder Judicial | Agencia UNO
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En la otra parte del interrogatorio, detalló el ministro, hablaron sobre la pena que deberá cumplir Hernández Norambuena en nuestro país y que debe ser inferior a los 30 años, según el trato que hizo el Gobierno con Brasil, para lograr su extradición esta semana.

Para Norambuena se debe aplicar un abono de 16 años, que fue el tiempo que estuvo en detención provisoria en Brasil cuando se iniciaron los trámites para que regresara a Chile y que fue un año después de que comenzara a cumplir una condena en ese país por el secuestro del empresario Washington Olivetto.

Esta idea es rechazada por el Gobierno, quienes ya han asegurado que no se debe aplicar dicho abono y debe cumplir una pena de 27 años de cárcel. Así lo ha dicho, por ejemplo, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien ya descartó que se rebaje la condena.

Al respecto, el ministro Carroza fue enfático en señalar que esa decisión la tomará él. “Ese abono es discutible. Quien va a tener que discutir soy yo”, precisó.

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“Hay una clara intromisión del Ejecutivo en una función que es exclusiva del Poder Judicial. Pareciera que está instruyendo al ministro Carroza cómo tiene que resolver”.
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Precisamente las declaraciones del ministro de Justicia, Hernán Larraín, fueron criticadas por el abogado del “Comandante Ramiro”, Alberto Espinoza, quien lo acusó de intentar “pautear” una decisión que depende de otro poder del Estado.

“Hay una clara intromisión del Ejecutivo en una función que es exclusiva del Poder Judicial. Pareciera que está instruyendo al ministro Carroza cómo tiene que resolver”.

Anoche, en la Entrevista de Tomás Mosciatti en CNN Chile y Canal 9 Bio Bio Televisión, el abogado de la familia Guzmán y asesor del actual gobierno, Luis Hermosilla, indicó que ellos tomarán una posición sobre el tiempo en la cárcel del exfrentista una vez que conozcan la nueva resolución que dictará el ministro Mario Carroza.

Además, Hermosilla calificó como una zona gris la actuación de la llamada “oficina”, que se dedicaba a labores de inteligencia, la cual operó bajo los gobiernos de la Concertación, específicamente de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

“Las investigaciones que se hicieron respecto a estas actividades y que nosotros planteamos en su momento, fueron rechazadas por los tribunales superiores, particularmente por la Corte Suprema”, apuntó.

¿Se puede abonar la pena?

El presidente de la Asociación Chilena de Derecho Internacional Privado y profesor de derecho internacional privado de la Universidad de Chile, Eduardo Picand, entregó luces respecto a la controversia.

El académico explicó que, de acuerdo al tratado del Mercosur, se puede abonar la pena que una persona esté cumpliendo en otro país, siempre y cuando ésta solo tenga relación con el delito por el cual se extradita y no con otro crimen que haya cometido en el país extranjero.

“Si él estuvo privado de libertad en Brasil por la comisión de otros delitos cometidos en territorio brasilero, nada tiene que ver ese tiempo que estuvo privado de libertad en Brasil con la imputación que deba cumplir pena en Chile”, explicó.

Por eso, para el profesor es necesario que a través de las vías diplomáticas Chile le solicite a Brasil el detalle de la condena que estaba cumpliendo el comandante Ramiro en ese país, donde se considere el tiempo y también el por qué estaba detenido, para dilucidar si solo era por el caso Olivetto o se relacionó con el proceso de extradición.

De todas formas, no existe un plazo establecido para que el ministro en visita Mario Carroza decida cuál es la pena que debe cumplir Mauricio Hernández Norambuena, aunque el juez ya dijo que espera resolver “lo más luego posible”.