El Congreso derogó este martes una polémica ley que entregaba a las Fuerzas Armadas el 10% de las ventas de la estatal Codelco, la mayor productora mundial de cobre, poniendo fin a décadas de millonarios aportes sujetos a escaso control.
Creada para asegurar el financiamiento y la renovación de material bélico, la llamada “Ley Reservada del Cobre” se instauró en 1958 y sufrió varias modificaciones durante la dictadura de Augusto Pinochet con el fin de ampliar el poder de las Fuerzas Armadas.
“Este es un hecho histórico y un cambio trascendental en la modernización de las Fuerzas Armadas porque pone término al financiamiento que se hacía con la ‘Ley del Cobre’ y lo sustituye por un sistema de financiamiento estable, democrático, transparente y con la adecuada fiscalización de las autoridades civiles”, dijo el ministro de Defensa Alberto Espina, tras la aprobación de la normativa por la Cámara de Diputados este miércoles.
Solo desde 1990 -cuando finalizaron los 17 años de dictadura- hasta 2017, el aporte representó unos 20.400 millones de dólares, que se utilizaron para financiar la modernización de las Fuerzas Armadas, que quedaron a la vanguardia en la región, generando incluso acusaciones de países vecinos, como Perú y Bolivia, de iniciar una “carrera armamentista”.
La ley, que establecía un control reservado de los gastos, se modificó por un Fondo Plurianual y uno de Contingencia Estratégico, que serán regulados por el Congreso y el Gobierno.
A partir de la entrada en vigencia de esta norma y por los próximos nueve años se mantendrá sin embargo el aporte del 10% de las ventas de Codelco, pero ahora este será totalmente a “beneficio fiscal”.
La iniciativa fue ingresada a la Cámara de Diputados en mayo de 2011 durante la primera administración de Sebastián Piñera, quien ahora está a cargo de su promulgación.
Aportes bajo la lupa
Cuestionada por entregar a las Fuerzas Armadas recursos superiores a los destinados a otras áreas del presupuesto, la Ley Reservada del Cobre volvió a concitar la atención pública en los últimos años de la mano de una investigación judicial que destapó un esquema de corrupción al interior del Ejército.
La megacausa ‘Milicogate’ provocó el procesamiento de una veintena de altos mandos, incluidos excomandates en jefe de la institución castrense, acusados de “malversación de caudales públicos”, y dejó al descubierto la falta de controles con la que se administraban los millonarios recursos provenientes del cobre.
Un pasado colmado de irregularidades que el nuevo sistema de financiamiento pretende dejar atrás con la implementación de una cadena de controles que involucran al Congreso, el Ejecutivo y la Contraloría General de la República.
Asimismo, se eliminan los mínimos para actividades de las Fuerzas Armadas.
Al respecto, el titular de Defensa tuvo que salir a aclarar que “el aporte basal no es un piso mínimo. No es un piso. El aporte basal significa que el Parlamento resuelve un porcentaje de lo que es el mantenimiento de nuestras capacidades que se incorpora o si no, no podemos mantenerlas. Este aporte basal es el mantenimiento actual de nuestras capacidades”.
Con la aprobación de la ley se “establecen muchos sistemas de control que no existían”, que permiten que la Contraloría observe y hasta denuncie hechos irregulares ante la justicia, destacó el ministro Espina.
Para el titular de Defensa, Chile pone en marcha “uno de los sistemas más modernos que existen hoy en el mundo de cómo se financian las FFAA”.
Pese a la derogación de la Ley Reservada del Cobre, el metal rojo seguirá siendo vital en el presupuesto chileno. Codelco, responsable del 11% de la oferta global del metal rojo, mantendrá su lugar central en el financiamiento del fisco local aportando el total de sus ganancias al presupuesto nacional.
En el primer trimestre del año, Codelco generó 372 millones de dólares de beneficios.
