La Contraloría General de la República estableció que el Ejército carece de documentación para justificar más de 2 millones 428 mil dólares que usaron 218 oficiales en el ítem de fletes y exceso de equipaje -aéreo o marítimo- para sus destinaciones en el extranjero, entre 2016 y 2018.
La información consta en un documento que el organismo fiscalizador envió hace pocas semanas a la ministra en visita civil de la Corte Marcial, Romy Rutherford, -quien investiga varios casos de corrupción castrense- y que publica la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.
“No existió documentación -ya sea boletas, voucher, facturas, comprobantes u otros- que respaldara la efectiva utilización de dicho beneficio (…) asimismo es dable señalar que ,lo proporcionado por el Órgano Castrense, es la única información en cuanto a respaldos de que se trata”, señala el informe.
De la cantidad mencionada, hay al menos 10 generales que actualmente forman parte del Alto Mando institucional.
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Destacan entre ellos Pablo Müller Barbería, subjefe del Estado Mayor General del Ejército; Patricio Mericq Guilá, comandante de Personal; Osvaldo Vallejos comandante de Bienestar; Carlos Castillo Villarroel, jefe de la Misión Militar de Chile en EE.UU; Jorge Morales, comandante en Jefe de la II División Motorizada; Carlos Ricotti, director de Inteligencia de Defensa del Estado Mayor Conjunto; Rodrigo Valdivia Concha, comandante en Jefe de la I División de Ejército; Luis Rojas Edwards, Director de Educación, Doctrina y Entrenamiento.
Vacaciones
Una de las aristas que la ministra Rutherford ha logrado establecer completamente es la conocida como “agencias de turismo”, relativa a la compra de pasajes por parte de generales y coroneles del Ejército, quienes los cambiaban por otros más baratos, quedándose con el resto o bien usándolos para ir de vacaciones a destinos como Disney y Punta Cana.
Sin embargo, la información que le proporcionó la Contraloría abre un nuevo foco investigativo, referido a este beneficio que obtienen los uniformados que son destinados al extranjero para el traslado de sus enseres.
La información que hoy maneja la magistrada complejiza el nuevo Alto Mando que debe proponer el comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, el próximo 29 de octubre. Esta, según comentaron fuentes a este medio, podría retrasarse al igual que el año pasado.
En noviembre de 2018 Martínez debió tomar una decisión compleja y pasar a retiro a 21 generales, ligados a la indagatoria que sustancia Rutherford por delitos de fraude al fisco y apropiación indebida.
Básicamente, si este mes Martínez resolviera adoptar la misma decisión, solo podría echar manos a un grupo de los coroneles más antiguos de la institución o dicho de otro modo, armar un alto mando con generales recién ascendidos. El problema es que en el listado de Contraloría, varios de esos posibles candidatos aparecen recibiendo el beneficio para su traslado al extranjero, pero respecto del cual no existen documentos que validen su uso legal.
En todo caso, es probable que debido a los hechos de violencia que han afectado a Santiago -y cuyos efectos y alcances aún están por determinarse-, La Moneda evite abrir un nuevo flanco con el ámbito militar y se acepte sin más la propuesta de Martínez.
Quién es quién
Rutherford mantiene sometido a proceso a dos excomandantes en jefe del Ejército por delitos de apropiación indebida. El primero Juan Miguel Fuente-Alba por el uso ilegal de 3.500 millones de pesos provenientes de los gastos reservados los que usó para una vida llena de lujos.
El segundo es Humberto Oviedo por el mismo ilícito y operatoria, pero por un monto de 4.500 millones de pesos.
Esos dineros, se suman a los más de 10 millones de dólares del caso Milicogate, sobre el fraude al fisco de la exley Reservada del Cobre.
