Sin acuerdos en salud ni protección del "no nacido": los derechos aprobados por la Comisión Experta

La Comisión Experta del nuevo proceso constitucional despachó este miércoles el segundo capítulo de su anteproyecto, el cual servirá de base para el trabajo de los consejeros electos.

El pasado martes ya habían quedado inscritos ciertos elementos como el Estado social y democrático de derecho; el régimen presidencial; y el acceso igualitario a las instituciones del Estado.

En este segundo ítem, los 24 expertos designados por el Congreso avanzaron en materias como derechos y libertades fundamentales; nacionalidad y ciudadanía; y los estados de excepción.

El derecho a la vida y la prohibición de la pena de muerte fue una de las primeras normas en recibir el visto bueno de los comisionados.

Sin embargo, a pesar de la insistencia de la derecha, se rechazó la enmienda que proponía incluir en este resguardo el concepto del “no nacido”.

Esto fue lamentado por Máximo Pavez (UDI), quien aseguró que esta norma significa un retroceso respecto a la Constitución vigente.

“No es lo que hubiésemos querido, nos hubiese encantado mantener la redacción actual. Creemos que hay un retroceso desde el punto de vista del mandato legal a la protección por la vida”, señaló.

Cabe destacar que el artículo 19 de la Carta Magna actual asegura “el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. La ley protege la vida del que está por nacer”.

La representante del PPD y presidenta de la Comisión Experta, Verónica Undurraga, difiere de su par UDI. “Comparto la declaración del Tribunal Constitucional, que en sentencia de 2017 no reconoció la titularidad de derechos antes del nacimiento”, dijo.

Además, planteó que “la norma sistemáticamente ha sido utilizada para poner en peligro e instrumentalizar a la mujer en su dignidad y derechos”.

Comisión Experta: sin acuerdo por elección de salud

Dentro de los derechos sociales, el artículo 24 ter del anteproyecto indica que el Estado debe adoptar medidas adecuadas para realizar los derechos a la salud; a la vivienda; al agua y al saneamiento; a la seguridad social; y a la educación.

En ese sentido, se deben atender los siguientes puntos:

a) El desarrollo progresivo para lograr la plena efectividad de estos derechos.

b) El aseguramiento de un nivel adecuado de protección para cada derecho.

c) La no discriminación o diferenciación arbitraria.

d) La remoción de obstáculos para asegurar condiciones efectivas de igualdad.

e) El empleo del máximo de recursos disponibles, con responsabilidad fiscal.

f) La satisfacción a través de instituciones estatales y privadas, según corresponda.

La experta de la Democracia Cristiana, Paz Anastasiadis, expresó que estas normas vienen a reforzar lo aprobado el martes por el pleno del órgano.

“Cuando hablamos de un Estado social y democrático de derecho, va vinculado al actuar del Estado como garante, poniendo en primer lugar aquellas condiciones que influyen en la calidad de vida”, sostuvo.

A pesar de lo anterior, hubo un debate que no logró zanjarse respecto a la libertad de elección del modelo de salud que quieren los chilenos.

“Cada persona puede elegir el régimen de salud al cual adscribirse sea este estatal o privado”, fue el artículo que finalmente no se destrabó.

Alexis Cortés (PC) comentó que no querían “constitucionalizar políticas públicas o un modelo que fuera excluyente de las respuestas que son más acordes al Estado social y democrático de derecho”.

Por su parte, Bettina Horst (UDI) instó a retomar esta discusión y aseveró que el derecho a elegir “en ningún caso significa que se constitucionalizan las actuales instituciones de salud previsional, ya que estas no están en la Constitución”.

“Ha quedado en manos del legislador la determinación de la forma de financiamiento de las acciones de salud, tal como en todas las constituciones que conozco”, agregó el comisionado Flavio Quezada (PS).

Los deberes constitucionales aprobados

Por último, se aprobaron una serie de deberes constitucionales. “Todas las personas deben respetarse y comportarse fraternal y solidariamente. Asimismo, deben honrar la tradición republicana, defender y preservar la democracia, y observar fiel y lealmente la Constitución y la ley”, dice el primero de ellos.

“Del mismo modo, deben contribuir a preservar el patrimonio ambiental, cultural e histórico de Chile”, sostiene el segundo.

Sobre estos puntos habló ayer el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), quien calificó el anteproyecto como un “trabajo de niños de cuarto medio”.

“Esto de que portarse mal pueda llegar a ser inconstitucional, la verdad es que es un mal chiste. Pareciera ser que todos los que se rieron de algunos de los chascarros de la primera Convención todavía no han empezado a enterarse de los chascarros que este proceso está teniendo”, disparó en el programa La voz de los que sobran.

Incluso, indicó que estos puntos son “bien brutales, bien ridículos y bien de cuarto medio. Ni siquiera, yo diría de octavo básico”.

Los otros deberes despachados por los expertos del proceso constitucional son los siguientes:

3. Es un deber de todos los habitantes de la República proteger el medio ambiente, considerando las generaciones futuras y prevenir la generación de daño ambiental. En caso que se produzca, serán responsables del daño que causen, contribuyendo a su reparación, en conformidad a la ley.

4. Todo habitante de la República debe respeto a Chile y a sus emblemas nacionales. Los chilenos tienen el deber de honrar a la patria.

5. Todos los ciudadanos que ejercen funciones públicas tienen el deber de desempeñar fiel y honradamente sus cargos, dando cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Combatir la corrupción es un deber de todos los habitantes de la República.

6. Los habitantes de la República deben cumplir con las cargas públicas, contribuir al sostenimiento del gasto público mediante el pago de tributos, y votar en las elecciones y referendos, todo de conformidad a la Constitución y la ley. Asimismo, deben defender la paz y usar métodos pacíficos de acción política.

7. Los habitantes de la República tienen el deber de asistir, alimentar, educar y amparar a sus hijos. Por su parte, ellos tienen el deber de respetar a sus padres, madres y ascendientes, y de asistirlos, alimentarlos y socorrerlos cuando éstos los necesiten.

8. Toda persona, institución o grupo debe velar por el respeto de la dignidad de los niños.

Finalmente, cabe mencionar que este jueves se abrirá debate respecto al tercer capítulo del anteproyecto constitucional, el cual se titula “Representación Política y Participación”.