Poco y nada aclaró el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, las dudas que hay en torno a la entrega del informe de Big Data que la Agencia Nacional de Inteligencia traspasó al Ministerio Público, luego de que se conociera que fue la empresa Quiñenco -matriz del Grupo Luksic- la que contactó a La Moneda con Alto Analytics.
No precisó quién lo financió, tampoco si estuvo o no el exministro Rodrigo Hinzpeter o si es habitual que la ANI se reúna con empresas privadas para recibir información.
“Prefiero llamar a la tranquilidad y que las instituciones funcionen. La Fiscalía está realizando acciones de investigación penal, hemos dicho que no va a haber impunidad. Y las actividades de inteligencia ustedes saben se rigen por un marco normativo y por ese marco se tratan con prudencia. Y las acciones de inteligencia se ejecutan y no se comentan”, señaló.
Por su parte, el fiscal nacional Jorge Abbott acabó sepultando el texto y descartó indagar por ahora sobre el origen de este informe, puesto que no ha sido de utilidad en las investigaciones.
“No hemos encontrado ningún valor y, en consecuencia, no ha sido necesario indagar el origen del mismo. Si nosotros tuviéramos de ese informe antecedentes que pudiéramos hacer valer en juicios, pues bien tendríamos que investigar cuál es el origen, porque al momento de incorporarlo en un juicio tenemos que demostrar la trazabilidad del mismo. Quién realizó ese informe, cómo llegó a nuestras manos, también citar a declarar a quienes realizaron el mismo”, precisó.
En un intento por aclarar el asunto, el director de la ANI, Gustavo Jordán, fue citado a la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Diputados a explicar el contexto del informe de Big Data. Aunque dichas sesiones tienen carácter secreto y, aunque resuelva los cabos sueltos de la polémica, los parlamentarios presentes no podrán dar a conocer esa información.
Por eso es que la oposición cuestionó al Gobierno por no aclarar las dudas en el comunicado emitido el martes ni con las declaraciones del subsecretario del interior, Juan Francisco Galli.
En medio de la confusión, el diputado demócratacristiano, Gabriel Silber, cuestionó que cualquiera pueda entregar información a un organismo de inteligencia. “Lo que nos parece más grave aún es el modus operandi ante el cual está operando la ANI. El día de mañana, un profesor Schmidt (el cuestionado colaborador de la inteligencia de Carabineros que quedó al descubierto tras la Operación Huracán) u otra persona puede entregar información para tratar de desvirtuar o distraer la atención de las policías”, advirtió.
Mientras tanto, Marcelo Díaz, ahora independiente tras su reciente renuncia al PS, deslizó sus dudas sobre si este informe fue financiado a través de gastos reservados. “Yo tiendo a intuir que fue una donación de la empresa. Cosa que me parecería curiosa, porque significa un enorme esfuerzo económico, o muy probablemente fue pagado con gastos reservados”, señaló.
Por su parte, la diputada comunista, Karol Cariola, adelantó que van a oficiar al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, para que entregue explicaciones concretas y formales sobre el contexto de este informe.
“Es bastante extraño, poco transparente y privilegiado. Hemos oficiado al ministro Blumel para que esclarezca la situación y los alcances de este vínculo, porque a raíz de esto salió un informe Big Data del cual sólo hemos conocido oscuridades por parte del Gobierno en su declaración”, acusó.
A contramano, en la vereda del frente, el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, defendió que la ANI y el Gobierno puedan recibir esta información. “Me parece normal, legítimo, no le veo ningún problema. Si una empresa, o un particular, cualquiera sea, tuviera la posibilidad de aportar o ayudar y no lo hace, lo van a criticar por eso. Por lo tanto, aquí es crítica porque hace algo o que no hace algo. Yo le encuentro la verdad bien poco sentido a la crítica. Cualquier ciudadano chileno puede ir al Ministerio Público o al Ministerio del Interior y eso ha pasado mucho”, aseguró.
