Los manifestantes de la agrupación Dunas de Ritoque, representados por Andrés León, dicen sólo esperar a que la ley se cumpla como debe ser frente a la solicitud que realizaron a la Contraloría para que se investiguen las posibles anormalidades que habrían de existir con el funcionamiento de la división Ventanas de Codelco.

La respuesta recibida por parte de la entidad fiscalizadora no se hizo esperar y fue lapidaria, ya que tras una auditoria a la empresa minera, se detectó que ésta estaría operando con 61 edificaciones en estado irregular, entre las que se encontrarían la planta de metales nobles, el edificio de horno eléctrico, la planta de tratamiento de riles, la chimenea, la planta de sulfatos y el edificio de subestación eléctrica.

El pre informe viene a ratificar las observaciones dadas a conocer por la Seremi de Salud, en la que se sugiere que la estatal ingrese a un sistema de evaluación Ambiental y sus construcciones sean regularizadas según corresponde por normativa legal. Todo lo anterior se da a pocos días de que caduque la patente de la división, fijada para el 31 de julio.

Según explica la Contraloría, entre los años 2009 y 2012 se habría iniciado un proceso de regularización de construcciones, ingresando con ello 89 expedientes a la dirección de Obras Municipales. Sólo 28 validaron sus permisos de edificación, pero sin que se contara con los informes favorables por parte de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo y del SAG.

Con este pre informe, sólo queda en manos del municipio decretar el cierre de la fundición o buscar una solución de urgencia. En este sentido, la Contraloría advierte que para renovar una patente comercial por un nuevo periodo se supone la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para su otorgamiento, lo cual no se estaría dando según el mismo documento.

Hugo Rojas, alcalde de Puchuncaví, señaló al respecto que se dará cumplimiento a lo que la ley disponga, pero por tratarse sólo de un pre informe se están analizando los alcances de éste, ya que cuentan con un plazo de 10 días para responder, aunque recalcó que para resolver la situación hay muchos aspectos a considerar, teniendo en cuenta que se trata de una empresa nacional de importancia.

La estatal, en tanto, limitó sus reacciones a través de un breve comunicado, donde señaló que la División “siempre ha actuado ajustada a derecho, cumpliendo a cabalidad con la normativa medioambiental, sanitaria y de edificación vigente, contando con patente definitiva para operar desde el año 1964, en virtud de la transferencia que le hizo Enami el año 2005, lo que fue ratificado por el fallo unánime de la Excelentísima Corte Suprema, en diciembre de 2012”.