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Martes 06 febrero de 2018 | Publicado a las 12:15 · Actualizado a las 15:19

Demandan a Carabineros por matar a patadas a perro en erróneo operativo en San Bernardo

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Carabineros de San Bernardo fueron demandados por dar muerte a patadas a un perro poodle en un erróneo operativo en un domicilio de la comuna.

La querella fue presentada por Luis Alejandro Flores Leiva, luego que un grupo de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de la 14° Comisaría de San Bernardo entrara a su domicilio el pasado 6 de diciembre de 2017 en búsqueda de un narcotraficante de la zona, que no residía en su domicilio.

De acuerdo al relato presentado en la querella, que fue declarada admisible por el Juzgado de Garantía de San Bernardo, un grupo de Carabineros subió hasta el dormitorio ubicado en el segundo piso, donde lo habrían golpeado en presencia de su esposa y sus dos hijos, de 6 años y 4 meses de edad, para luego bajarlo a golpes hasta el primer piso.

En la habitación también se encontraba el perro de la familia, Joaquín, quien bajó las escaleras ladrando al lado de Luis Flores.

Una vez en el primer piso, sostiene el texto, carabineros dejan al dueño de casa boca abajo y le preguntan “¿Cómo te llamai, conchetumadre?”, mientras lo golpean. Al conocer la respuesta los funcionarios se habrían percatado que no era el domicilio de quien buscaban.

En ese momento, de forma paralela, uno de los funcionarios habría tomado al perro que se mantenía ladrando y lo habría llevado al patio, donde de acuerdo a la querella, un funcionario le propinó dos patadas. Una de ellas lo habría hecho golpearse frente a un muro, por lo que tras un aullido de dolor murió en el patio del hogar.

El mismo funcionario policial habría tomado el cuerpo de la mascota para ponerlo en una bolsa de basura, mientras se burlaba del dueño de hogar por llorar y pedir que le devuelvan el cuerpo de su perro, dejando luego la bolsa en el auto de Carabineros.

“Todo esto lo tiene que arreglar Fiscalía… y si querí’ seguír webiando, volvemos y te cargamos (sic)”, habría sido la respuesta de Carabineros ante el reclamo del dueño de casa, según detalla la querella.

Tras esta amenaza, Flores Leiva debió firmar un documento en que constataba que sólo había algunos daños materiales en su hogar. El documento fue firmado por los Carabineros teniente Michael Daza Romero, sargento segundo Rodrigo Morales Muñoz, y cabo segundo Sebastián Cádiz Escobar.

Para el abogado Cristián Apiolaza Acevedo, de la Defensoría de Derechos Animales –quien se encuentra representando a Flores- “este es un caso gravísimo debido a que se trata de la comisión de distintos delitos por funcionarios de Carabineros en un contexto de violencia policial; y también, porque involucra una arista administrativa toda vez que tanto el Ministerio Público como los Tribunales autorizaron el operativo en cuestión”.

Versión de Carabineros

BioBioChile se contactó con Carabineros para conocer su versión del procedimiento. El capitán Jorge Zuñiga, del departamento de comunicaciones sociales, indicó que el operativo se enmarcó de una serie de allanamientos que se realizaron en la comuna y que contaban con permiso de entrada y registro del Juzgado de Garantía de San Bernardo.

Zuñiga no entregó mayores detalles del procedimiento apelando a que ahora que el caso fue judicializado deberán ser los tribunales quienes determinen los grados de responsabilidad de los funcionarios involucrados en los delitos denunciados. Asimismo, indicó que desde la institución entregarán toda la información que sea requerida en este proceso.

Al ser consultado sobre si hubo o no un sumario interno, el capitán sostuvo que se ejecutó un acta de reclamo por parte del vecino afectado, lo que dio pie a un proceso investigativo que no avanzó luego que el denunciante declinara presentarse en una oportunidad que fue requerido por haber llevado el caso a la Justicia.

Este artículo describe un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra (Artículo 4 del Código Procesal Penal)
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