En su etapa final entró la primera causa con procesados por torturas durante la dictadura en la región del Bío Bío. Tras ser prontuariados los dos ex PDI inculpados, la parte querellante espera el cierre del sumario y la lectura del fallo.
Carlos Maureira era un sólo un joven cuando en 1984 fue detenido por la PDI, trasladado al cuartel de Concepción y sometido a todo tipo de apremios físicos, entre los cuales se acreditó la aplicación de electricidad.
Después de 33 años, la víctima se acerca a lo que, estima, es la justicia en su caso: la jueza Margarita Sanhueza ordenó la ficha policial de los dos ex detectives procesados, Hernán Fernández Hernández y Antonio Calibar Araya, según confirmó la abogada querellante, Patricia Parra.
La víctima fue detenida por su supuesta relación con un robo, pero en la investigación se acreditó que los verdaderos motivos fueron su supuesta vinculación con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, nexo que no se comprobó. Fue entonces cuando la Policía de Investigaciones lo liberó, aunque con secuelas por las torturas aplicadas, que se extienden hasta hoy.
La abogada Parra adelantó el inminente cierre del sumario y la lectura de la sentencia condenatoria esperada por su cliente.
Pese a que el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones no contempla altas penas, Maureira y su abogada esperan que el tribunal aplique penas efectivas de cárcel a los ex PDI, debido a que la víctima era menor de edad al momento de los hechos, y fue privado de libertad al margen de la ley.
