Avanza la investigación que realiza el Ministerio Público en torno al sobreprecio pagado por la Municipalidad de Concepción en la remodelación del estadio Ester Roa Rebolledo, puntualmente por las butacas instaladas en el recinto deportivo.
A la declaración en mayo del alcalde Alvaro Ortiz como testigo, se sumó ahora la de ejecutivos y representantes de la empresa Claro Vicuña Valenzuela, responsable de las obras, y por las cuales la constructora habría cobrado unos 5 mil millones de pesos de más, según la Contraloria.
La diligencia fue asesorada y monitoreada por el ex fiscal nacional, Sabas Chahuán, quien viajó hace unas semanas a Concepción, luego que el persecutor a cargo de la pesquisa, Nelson Vigueras, decretara el interrogatorio.
Mientras la Fiscalía sigue adelante con la investigación, intentando determinar si en el sobreprecio pagado por las butacas hubo ilícitos, lo mismo intenta hacer el Consejo de Defensa del Estado, que afina las conclusiones del estudio antes de definir si se hace parte o no del caso a través de una querella.
