El alcalde de Juan Fernández, Leopoldo González, valoró la ratificación que la Corte de Apelaciones de Santiago realizó del fallo que impuso al Fisco el pago de $300 millones en indemnización a los familiares de María Angélica Pérez Germain, una de las víctimas del tsunami que afectó a la isla el 27 de febrero de 2010.
El jefe comunal aseguró que esta medida se ajusta a lo que debe asumir el Estado como responsabilidad y argumentó sus dichos indicado que pasada la emergencia, desde la municipalidad informaron las dificultades presentes en la isla a raíz del terremoto y posterior tsunami, aunque no fueron escuchados por las autoridades centrales.
Respecto a la resolución, se especifica que la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) incurrió en una falta al no dar aviso del hecho pese a haber recibido la alerta por parte del Servicio Hidrografico y Oceanográfico de la Armada (SHOA).
El SHOA, por su parte, cometió una falta al no difundir la alerta en vías auxiliares al percatarse de que la principal no funcionaba correctamente.
El Estado aún mantiene dos querellas en su contra que fueron interpuestas por familiares de víctimas del 27/F.
