Una indemnización de $300 millones deberá pagar el fisco chileno a los familiares de la persona que murió tras el tsunami que afectó a la isla Juan Fernández, el 27 de febrero de 2010.

La medida, dictada por el Quinto Juzgado Civil de Santiago, fue confirmada por la Corte capitalina que estableció la responsabilidad por falta de servicio del Estado, según indica la página web del Poder Judicial.

El escrito indica que la Oficina Nacional de Emergerncias (Onemi) incurrió en una falta, ya que pese a recibir la alerta de maremoto proveniente del SHOA, no la difundió.

En relación al SHOA, establece que la falta de servicio consistió en no difundir la alerta por vías auxiliares, al ver que la red principal no estaba operando.