La situación que están viviendo Fernando Candia y Felipe Osiadacz, dos estudiantes chilenos que se encuentran detenidos hace meses en la cárcel de Sungai Buloh, de Kuala Lumpur, a la espera de un juicio por asesinato, por el cual arriesgan ir a la horca en Malasia, se ha transformado en una difícil tarea diplomática que ha generado gran revuelo en Chile durante esta semana.
Las familias de los dos afectados ya tomaron contacto con la Cancillería, organismo que indicó que han enviado cartas de apelación a la medida, pero que tales escritos han sido rechazados por las autoridades de este país del sudeste asiático.
En conversación con BioBioChile, el vocero de Amnistía Internacional en nuestro país, Roberto Morales, entregó más detalles acerca de la pena capital, tanto en Malasia como en el resto del mundo, una condena que causa impacto en sociedades como Chile, con un Código Penal muy diferente.
De acuerdo a cifras que maneja la institución, 142 naciones han abolido la pena de muerte alrededor del mundo, de forma parcial o total, y sólo 56 la mantienen vigente, número que -de todas formas- no deja contenta a Amnistía.
Tampoco los tranquiliza la baja de ejecuciones que se ha registrado en el último tiempo a nivel global. En 2015, 1.634 personas murieron debido a este castigo, lo que pasó a 1.032 en 2016 y a 993 en 2017.
La última cifra se concentra en cuatro países: 507 en Irán, 146 en Arabia Saudita, 125 en Irak y 60 en Pakistán.
En Malasia, en específico, el año pasado había 800 personas condenadas a morir en la horca. De quienes perdieron la vida por este medio, 40 son las víctimas entre 1998 y 2017, 4 el año pasado.
Los datos anteriores reflejan la realidad de casi todo el orbe con la excepción de China, país que prohíbe investigaciones en esta materia, aseguró Morales.
Críticas a la Justicia
El vocero fue enfático a la hora de criticar el sistema judicial de Malasia y lo tildó de “poco transparente, arbitrario” y de tener “leyes complejas” que dificultan, por ejemplo, la libertad de expresión.
Esta visión negativa, añadió, existe particularmente por la situación en la que quedan los Derechos Humanos de ciudadanos malayos y extranjeros con las condenas a muerte.
Morales también fustigó a los tribunales de Malasia por aplicar pena de muerte a delitos comunes, como tráfico de drogas o asesinato, motivo por el cual señaló que todos los informes que generan como organización tienen por objetivo visibilizar esta situación ante la comunidad internacional.
Morales, además, aseveró que el lobby que realizan en favor de la derogación de esta pena es constante, no sólo con gobiernos asiáticos, sino que con administraciones de todo el mundo.
Aún así, el vocero admitió que cada Estado es soberano y puede dictar e implementar las leyes que estime conveniente. Sin embargo, destacó la importancia que la comunidad internacional tiene en esta materias a la hora de monitorear estas situaciones y actuar como contraparte.
“Es una condena extrema que no debería existir. El Estado asesina a una persona por un delito”, sentenció.
Morales admitió saber que las familias de Candia y Osiadacz habían tomado contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores para que el Estado los apoyara en el caso. Sin embargo, descartó un trabajo conjunto con el Gobierno debido a la naturaleza independiente de la organización que representa, y puntualizó que cada uno tiene su deber y sus responsabilidades.
Demora del juicio
Ante la consulta acerca si consideraba como normal que el inicio del proceso se haya alargado tanto, meses según acusó uno de los amigos de los afectados, Morales dijo que eso no es de extrañar y que esas situaciones también pasan en Chile.
Amnistía Internacional ha denunciado que existen chilenos que esperan juicios por años en prisión preventiva y que al final salen absueltos. Morales criticó la forma en la cual las leyes han sido construidas y el funcionamiento de las cautelares en estos casos.
Si eso pasa en Chile, también puede suceder en Malasia, país que tiene una cultura, una religión y una sociedad diferente a la nuestra. “No es sorpresa que los tribunales (…) por distintas razones se demoren”, añadió.
Además, agregó, a cada problema le suceden una serie de medidas de apelación, las que alargan aún más el proceso en cuestión.
Condena a boliviano
Morales recordó la situación de un ciudadano boliviano que es parte de las 800 personas condenadas a morir en ese país.
Según indicó, el sujeto -que fue encontrado culpable de tráfico de drogas- lleva 7 años a la espera de la ejecución de la pena. “Es una situación compleja”, lamentó.
Bolivia, en tanto, ya inició las gestiones para lograr una salida.
“Es importante decir que con Amnistía Internacional hemos trabajado para que se elimine la pena (de muerte) como sanción (…). Sólo 56 países la tienen, en 142 se ha abolido total o parcialmente. La sociedad civil debe avanzar para erradicarla”, sostuvo.
