“Restringidos” y “excepcionalísimos”. Con esos conceptos el ministro de Justicia, Hernán Larraín, delimitó la cantidad de indultos que podría entregar el gobierno, y donde se incluirían -eventualmente- quienes cometieron delitos contra los Derechos Humanos.

Lo anterior, luego que el abogado de los internos del penal Punta Peuco, Raúl Meza, solicitara al ministro Mario Carroza que 70 condenados dejen el recinto para cumplir las penas en sus casas, con arresto domiciliario total, fundamentando estar amparado en las normas de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las personas mayores.

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Meza indicó que sería la primera vez que se podría aplicar esta normativa para personas sobre los 60 años que padecen enfermedades crónicas y terminales. Además, dijo que tienen tres casos graves que pedirán indultos en los próximos días.

Pero el ministro Larraín le puso freno a las intenciones de los internos del penal, indicando que serán casos excepcionales los que consideren aptos para indultos y que sólo por edad avanzada no serán considerados.

“No se pueden entregar de manera masiva, sino que se estudia caso a caso y se ve si existen razones gravísimas. No es llegar y entregar indultos, porque personas lo solicitan”, advirtió.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, aseguró que otorgar beneficios humanitarios a quienes cometieron delitos por lesa humanidad, no tiene sentido.

La diputada comunista, Camila Vallejo, en tanto, calificó como absurdo el requerimiento de los internos de Punta Peuco.

Sea como sea, el ministro Larraín agregó que están en conversaciones con Gendarmería para revisar la situación de ampliar el penal Punta Peuco y también el de Colina, debido a que se esperan más condenados por causas ligadas a los Derechos Humanos.