Para no retrasar más la promulgación de la ley de aborto en tres causales, el Gobierno solicitó a la Cámara de Diputados retirar el recurso de reconsideración ingresado ayer por esta al Tribunal Constitucional (TC), solicitando a los magistrados que rectifiquen su fallo del pasado 28 de agosto sobre la despenalización del aborto en tres causales.

El recurso había sido presentado al TC, ya que los ministros resolvieron eliminar un párrafo del artículo de la ley sobre objeción de conciencia, que cambia el sentido de lo aprobado por el Congreso y amplía a las instituciones la posibilidad de abstenerse de practicar abortos.

En ese artículo se hacía alusión a que la “objeción de conciencia es de carácter personal y en ningún caso podrá ser invocada por una institución”. La frase “en ningún caso” fue suprimida de ese párrafo, lo que, según la Cámara, sobrepasa las atribuciones del Tribunal al modificar el texto original que despachó el Parlamento.

Según el diputado de la DC, Gabriel Silber, el Ejecutivo solicitó a la Cámara retirar la solicitud y evitar un eventual conflicto de competencias entre la Corporación y el TC.

Para el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, el retiro del recurso de la Cámara transforma efectivamente al Tribunal Constitucional en una tercera Cámara, al permitirle modificar el texto de la ley.

Mientras eso ocurre, los senadores Felipe Harboe (PPD), Pedro Araya (ind) y Alfonso de Urresti (PS) entregaron una carta de cinco páginas al presidente de la Cámara Alta, Andrés Zaldívar (DC), para reclamar, de manera institucional, por lo que han denominado como un actuar “colegislativo” que se habría atribuido el TC en el fallo. Es decir, el mismo argumento planteado por la Cámara en el escrito enviado al organismo.

Desde el ministerio de Salud se mantuvieron al margen de la polémica. La titular, Carmen Castillo, afirmó que continúan trabajando en el reglamento de la ley.

Desde La Moneda, en tanto, no descartan insistir en la prohibición de objeción de conciencia institucional, lo que podría concretarse a través de un proyecto de ley.

Por el momento, queda promulgar la iniciativa que, para que se cumplan los plazos, debe recibir la firma de la presidenta Michelle Bachelet durante este mes.