Un grupo de centros colaboradores del Sename, podría dejar de recibir niños desde agosto, a causa de una millonaria deuda que mantiene el servicio estatal con dichas organizaciones y cuya cifra superaría los 10 mil millones de pesos.

La Asociación Gremial de Instituciones de Infancia y Adolescencia (Ainfa), presentó el pasado 10 de julio, un reclamo formal ante la Corte Suprema, en donde exige el pago total de la deuda que tiene el Sename con ellos, si no suspenderán las atenciones a niños que sean derivados a sus centros a partir de agosto.

La asociación que reúne a 10 centros privados que colaboran con el Sename, sostiene que la deuda ‘sólo con ellos’ es de 4.500 millones de pesos, revela un reportaje de revista Qué Pasa.

“Históricamente ha habido una pequeña deuda de arrastre con los centros, de unos meses de retraso, que era absolutamente administrable. Sin embargo, a partir del año 2016, esta deuda ha crecido considerablemente” señala el presidente de la Fundación Ciudad del Niño, José Pedro Silva.

Esta situación, podría dejar a miles de niños sin tratamientos o terapias, o que centros no pertenecientes a la Ainfa, se vean más colapsados de lo que ya están.

Una situación que fue asumida por el mismo organismo público en diciembre pasado, cuando un informe presentado ante la comisión Sename II del Congreso, confirmó que existía una deuda de más de 8 mil millones de pesos con fundaciones colaboradoras.

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El vicepresidente de Ainfa, Raúl Heck, indicó que el Sename no se ha pronunciado respecto a esta situación.

“Las instituciones en particular han informado de sus deudas a Sename en diferentes modalidades. Hay algunas que le informan todos los meses y van actualizando, otras cada dos o tres, pero no han obtenido respuesta”, apunta Heck.

En el mismo reportaje, el Servicio Nacional de Menores asegura que la demora en algunos pagos se debe a irregularidades detectadas en los organismos colaboradores.

“Gracias a esta verificación, Sename ha detectado prestaciones que fueron declaradas por organismos colaboradores, pero que no se habían realizado, por lo que el servicio efectuó las respectivas denuncias penales”, expresó la institución.

Como la deuda está referida exclusivamente niños que son enviados a centros del Sename por decisión de un juez, basándose en el artículo 80 bis, se realiza una doble fiscalización a las organizaciones privadas, lo que demora aún más los pagos.

El artículo 80 bis permite a jueces derivar a niños a centros colaborativos del Sename, aún cuando no tengan cupos, pues se trata principalmente de menores de edad, cuyos derechos han sido vulnerados por su entorno familiar.