La ministra de Justicia, Javiera Blanco, continúa en tela de juicio, ya no sólo por el manejo de las crisis en Sename y Gendarmería, sino también por el reconocimiento que hizo el viernes respecto al uso intensivo de contrataciones que ordena a los servicios relacionados con su cartera para luego traspasarlos en comisión a su gabinete o ministerio en general.

Tema que saltó a la palestra luego que Blanco, tras asegurar que ella no ordenó contrataciones a Gendarmería, tuviese que salir a reconocer que al menos 4 personas, tres con relación política, fueron contratados en Gendarmería por una orden directa de ella.

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La ley 18.334, en su articulo 76 del Estatuto Administrativo establece que los funcionarios no podrán ser designados en comisión de servicio, durante más de tres meses, en cada año calendario, tanto en el territorio nacional como en el extranjero.

No obstante, las comisiones podrán ser renovadas por iguales períodos pero no más allá de un año. En casos calificados, por decreto supremo fundado, el presidente de la República podrá extender el período de las comisiones de servicio hasta un plazo máximo de 2 años. Vencidos estos plazos los funcionarios no podrán ser designados nuevamente en comisión de servicio, hasta que transcurra el plazo mínimo de un año.

Sin embargo, todo indica que la ley no se estaría cumpliendo, según las declaraciones de la propia Javiera Blanco.

Por esta razón, desde las asociaciones de funcionarios que dependen de los servicios del Ministerio de Justicia levantaron la voz para reiterar sus criticas a la conducción política de Blanco, pero también históricamente.

La presidenta de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil, Nelly Díaz, acusó que se ha potenciado la contratación de operadores políticos y no, generar funcionarios de carrera.

Mientras que la presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial, Sulema Díaz, señaló que desde el 2015 ellos han demandado aumentar la plana laboral, no siendo escuchados.

Es así que el presidente de la Asociación de Oficiales Penitenciarios, teniente coronel Alberto Figueroa, acusó que la secretaria de Estado nunca ha estado preocupada de los problemas que afectan a la cartera.

En la misma línea, el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, Andrés Segovia, pidió que las autoridades se centren en solucionar las demandas que tienen como organización.

Críticas a Javiera Blanco que seguirán paralelas a los cuestionamientos desde la arena política. El próximo 2 de agosto se cursará la interpelación en la Cámara de Diputados, donde Sename y la ola de hechos que lo han envuelto estarán presentes.